Así es la reforma judicial polaca, a la que se compara con la que pretende imponer Sánchez

El Gobierno ultraconservador de Polonia ha sido acusado de acabar con la separación de poderes por someter a los jueces al Ejecutivo

Las reformas judiciales polacas de los últimos cinco años han sido redactadas con un lenguaje legal pesado, pero, sobre todo, han recibido numerosas críticas dentro y fuera del país. Las democracias, tal y como se conocen en Occidente, funcionan bajo el imperio de la ley y con la independencia de jueces, abogados y funcionarios públicos que forman parte del engranaje del sistema judicial. Pero en Polonia este axioma queda en entredicho según muchos expertos y la propia Unión Europea.

La nueva legislación polaca, que entró en vigor en el país el 14 de febrero y que ha sido comparada con la que pretender imponer el Gobierno de Pedro Sánchez, aumentaría la responsabilidad disciplinaria de los jueces de un modo similar a la ley marcial vigente durante el régimen comunista.

Asimismo, extiende la politización en la designación de magistrados al dar al Ministerio de Justicia la facultad exclusiva para nombrar y destituir jueces, así como el adelanto de la edad de jubilación para los miembros del Tribunal Supremo. Desde la UE se cree que puede ser utilizada “para controlar el contenido de las decisiones judiciales”, según sostiene la comisaria europea para los Valores y la Transparencia, Vera Jourová.

La polémica ley propone sanciones, incluido el cese, para aquellos magistrados que cuestionen la legalidad de los nombramientos fruto de la reforma judicial y para quienes participen en actividades públicas que puedan menoscabar la posición de neutralidad judicial. “Los cambios dejarían la escasa libertad de la que todavía disfrutan los tribunales polacos bajo el control político del poder ejecutivo, lo que significará el fin de la separación de poderes y una amenaza a los valores europeos que también compartimos en Polonia”, explicó a Efe el responsable de la organización polaca de jueces Iustitia, Krystian Markiewicz.

Bruselas acusa al partido ultraconservador gobernante Ley y Justicia (PiS) de politizar el poder judicial desde que accedió al poder en 2015, mientras que desde el partido dicen que esas reformas son necesarias para hacer que el sistema judicial sea más eficiente. La UE considera que con las reformas judiciales “existen riesgos evidentes de que las disposiciones sobre el régimen disciplinario de los jueces puedan usarse para el control político del contenido de las decisiones judiciales”.

La ley tiene uno de sus focos en el Tribunal Disciplinario, que responde directamente al Ejecutivo. Este organismo introduce nuevos tipos de sanciones contra los jueces, donde el cuestionamiento de constitucionalidad de acciones llevadas a cabo por las autoridades centrales pueden ser sancionadas con la expulsión de la profesión, informa Taylin Aroche desde Polonia.

Esta ley priva a los órganos judiciales de autonomía o relevancia, ya que han perdido el derecho a emitir recomendaciones sobre candidatos, cargos judiciales o cambios en el sistema administrativo interno. También obliga a los jueces a revelar su afiliación a organizaciones judiciales para determinar si son críticos con el Gobierno.

La clave es que esta ley otorga al presidente el derecho a corregir errores en el procedimiento de nombramiento de los jueces. «Esto entra en conflicto con las normas del derecho europeo y es contrario a nuestra Constitución», aseguró a LA RAZÓN Dariusz Mazur, juez del Tribunal del Distrito de Cracovia y portavoz de la Asociación de Jueces Themis.

Otra polémicas disposición aprobada por el Gobierno polaco fue la reducción de la edad de jubilación de los jueces, lo que posibilitaba al gobierno polaco a renovar a casi un tercio de los miembros del Supremo. Esta normativa fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Esta ley establecía una edad de jubilación para jueces de tribunales ordinarios y fiscales diferente para hombres y mujeres. La Justicia europea subrayó que Varsovia violó el Derecho de la UE al reducir la edad de jubilación de los jueces y atribuir al ministro de Justicia la facultad para prorrogar el periodo de actividad de dichos magistrados.