Polonia y Hungría, dos democracias en cuarentena

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, provocando estrategias cambiantes y dispares sin importar el color político de los dirigentes. Más allá de la situación de emergencia mundial, algunos líderes se han aprovechado la pandemia para consolidar su poder, tomando como rehenes las libertades de sus ciudadanos y poniendo en riesgo la democracia. Viktor Orban, primer ministro húngaro, y el partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS), con Jaroslaw Kaczynski a la cabeza, se han dedicado durante el último mes a promulgar leyes que preocupan a la Unión Europea.

En Polonia, pese a las constantes peticiones de la oposición por aplazar los comicios presidenciales del 10 de mayo, el Sejm, la Cámara Baja, aprobó una ley propuesta por el Gobierno del PiS para celebrarlas por correo postal. El texto, que por ahora se encuentra en el Senado –de mayoría opositora–, puede estancarse hasta un periodo de un mes antes de volver de nuevo al Sejm, donde finalmente saldría adelante con la mayoría de dos tercios del PiS. El tiempo apremia, ya que la ley quedaría aprobada finalmente apenas días antes de los comicios. «Es difícil de organizar en tan poco tiempo, además de unirse a esto las amenazas de huelga de los trabajadores postales», apunta Natasza Styczynska, del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Jagiellónica de Cracovia.

Con el actual presidente y candidato a la reelección, Andrzej Duda (PiS), liderando las encuestas con hasta un 48% de intención de voto, en una precampaña tan insólita como prácticamente imposible para los candidatos opositores debido a las restricciones que sufren, las cifras parecen cuadrar para Kaczynski. En Polonia, la figura del presidente es casi ceremonial –una diplomática polaca define su rol con un símil: «El presidente pasa a ser como la familia real en España»–. El cargo, pensado para servir de contrapeso al primer ministro, cuenta con funciones importantes como el poder de vetar cualquier ley aprobada en el Sejm. No obstante, pierde parte de su carácter de control al Ejecutivo cuando coincide en color político con el Gobierno.

Una de las principales críticas es la incapacidad del resto de candidatos, hasta nueve, de hacer campaña electoral frente al monopolio televisivo del presidente. «Los medios públicos se han convertido en portavoces del Gobierno, hacen campaña a favor de Duda y dan la imagen de una oposición que intenta socavar la democracia cuando piden no celebrar las elecciones. La televisión pública es el único medio al que tienen acceso muchas familias en las zonas rurales y allá donde generalmente se concentran las rentas más bajas», asegura Styczynska. Małgorzata Kidawa-Błonska, de Coalición Civica y segunda en las encuestas, llamó al boicot de las elecciones ante la incapacidad de celebrar mitin alguno en tiempos de pandemia.

La directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, se pronunció sobre la intención del Ejecutivo de seguir adelante con los comicios y aseguró en un comunicado que unas «elecciones libres requieren una campaña auténtica en la que los votantes puedan escuchar los programas y las opiniones de todos los candidatos para tomar una decisión bien informada». Al ser contactados por este medio sobre su misión como observadores, la organización aseguró a través de su portavoz en Varsovia, Katya Andrusz, que dada la emergencia sanitaria por la COVID-19, «en estos momentos no es posible supervisar este ni ningún otro comicio electoral. No podemos garantizar la seguridad del equipo de observación, que es de vital importancia».

Aborto y jueces

A las críticas sobre las elecciones se suma la aprobación del PiS para continuar con el trámite parlamentario en la Cámara Baja de un proyecto de ley del aborto aún más restrictivo. Esta misma ley la había dejado aparcada en 2018 por la presión popular en las calles. El nuevo texto, que modifica una ley de 1993, elimina el supuesto de malformación del feto, haciendo más estricta si cabe la legislación. También se aprobó la continuidad del proceso parlamentario de la prohibición de la enseñanza sexual en los colegios públicos. Los colectivos en contra de la ley se organizaron vía redes sociales para portar pancartas en las colas de supermercados y farmacias o colocar carteles en coches, ventanas y balcones. Todo para mostrar su rechazo a una ley que, en la práctica, sólo permite el aborto en caso de violación o amenaza para la vida de la gestante.

Polonia también ha hecho oídos sordos ante la orden del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligaba a la suspensión del órgano creado para la supervisión de jueces y tribunales, por atentar contra la independencia judicial. Precisamente ayer la Comisión Europea inició un nuevo procedimiento de infracción contra Varsovia por no respetar la independencia judicial con su reciente reforma. Bruselas envió a Polonia una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción, lo que da al Gobierno del país un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea.

La nueva legislación, que entró en vigor en el país el 14 de febrero, puede ser utilizada «para controlar el contenido de las decisiones judiciales», dijo ayer en rueda de prensa la comisaria europea para los Valores y la Transparencia, Vera Jourová.

Según Bruselas, esta normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. La UE le ha dado un plazo de dos meses a Polonia para abordar esas preocupaciones, pero el Gobierno dice que seguirá adelante con la ley y que está llevando a cabo una investigación interna para comprobar su idoneidad. De seguir adelante con las reformas judiciales Bruselas podría imponer multas al Ejecutivo polaco. En la práctica, este organismo externo obliga a jubilarse a una tercera parte de los jueces del Tribunal Supremo. Algunos de ellos, sin embargo, siguen asistiendo a su puesto de trabajo amparándose en un fallo anterior del TJUE. Las reformas, además, contemplan la creación de una Corte Disciplinaria (creada por el Gabinete), que puede abrir procesos correctivos e incluso penales contra jueces y representantes jurídicos.

Con todo este trasfondo, para Kaczynski estas elecciones son una necesidad para llevar a cabo una «implementación exitosa de su proyecto de democracia iliberal, que solo será posible con un Gobierno estable durante los próximos tres años», comenta Styczynska. La probablemente inevitable caída de la economía a causa de la crisis de la COVID-19 podría jugarle una mala pasada y arruinar su popularidad. Demasiados riesgos para jugarse su proyecto en unas próximas elecciones. «Para él es un ‘ahora o nunca’», sentencia.

Orban, “rey” de Hungría

El líder del PiS es un alumno aventajado del primer ministro húngaro, Viktor Orban. En Hungría es complicado distinguir una frontera entre el uso del poder del Ejecutivo en estado de emergencia y el mero autoritarismo. El Parlamento húngaro, donde Orban cuenta con una mayoría de dos tercios, aprobó una ley que permite al primer ministro gobernar por decreto, sin límite de tiempo y sin control político. El texto, además, modifica el código penal, ya que castiga las “noticias falsas” con penas de hasta cinco años de cárcel. La protección de los ciudadanos ante estas “noticias falsas” está a cargo del Gobierno, por lo que recae en éste la definición de las mismas.

La legislación ha suscitado una profunda preocupación entre los grupos de la oposición en el parlamento húngaro y entre los funcionarios de las instituciones europeas. La Comisión Europea se pronunció sobre este punto aclarando que realizará un seguimiento especial ya que “en estos tiempos difíciles, la seguridad jurídica y la libertad de expresión deben ser garantizadas. En tiempos de crisis, es más importante que nunca que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente”.

Desde el 11 de marzo, el primer ministro toma decisiones solo, sin ningún control. El Parlamento continúa con las sesiones plenarias, pero no se discuten leyes de lucha contra la pandemia o las medidas sociales necesarias para proteger a los grupos más vulnerables durante la crisis. Mientras la nueva legislación se mantenga activa, no se podrán celebrar elecciones y el Ejecutivo tiene la potestad de suspender la aplicación de algunas leyes.

A Agnes Vadai, diputada opositora, le preocupa la autocensura a la que se pueden ver obligados los periodistas y en general cualquier ciudadano húngaro, incluida la oposición. En declaraciones a este diario, enumera cuatro exigencias que su partido, Coalición Democrática, le ha trasladado a Orban: “Pedimos la limitación de tiempo y medidas de esta ley, la posibilidad para los jefes de los grupos políticos en el Parlamento de acudir al Tribunal Constitucional contra las decisiones del Gobierno y la anulación de la modificación del Código Penal”.

Otros miembros de la oposición han pedido que el decreto dure 90 días, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno argumentando que no se sabe cuánto durará la pandemia.

Acusaciones a Budapest

El último informe anual de libertades en el mundo, publicado por Freedom House, apuntaba a Hungría como el único Estado miembro de la Unión Europea “parcialmente libre” por segundo año consecutivo. “Orban está utilizando la epidemia para construir un poder absoluto en Hungría. Se oyen palabras de advertencia de Europea, pero no es suficiente. Después de la crisis, los políticos en Europa tienen que mirar a Hungría y preguntarse si los valores comunes de Europa son más importantes que colaborar con Orban”, apunta Vadai.

Actualmente, Hungría y Polonia se enfrentan al procedimiento del artículo 7 del Tratado de Lisboa, diseñado para cuando un país se encuentre en riesgo de violar los valores fundamentales del bloque. Este artículo contempla despojar de voto en el Consejo Europeo a un Estado miembro, con la condición de unanimidad.

De salir adelante la votación, se prevé que tanto Budapest como Varsovia rechacen votar en contra uno del otro. En lo que parece un callejón sin salida en el diálogo con ambos países, una vía de escape se abre en el último plan presupuestario. Por primera vez la UE ha introducido una nueva herramienta en la negociación de los presupuestos, la del respeto democratico por parte de los países que reciban dichos fondos. “Ahora tenemos la oportunidad, en las nuevas negociaciones del presupuesto, de mantener viva esta condicionalidad. Para ser franca, creo que si alguien no entiende nuestros valores, debe entender el valor del dinero. Normalmente, funciona así”, argumenta la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, en declaraciones a LA RAZÓN.