Dictan orden de detención contra 800 militares chilenos por un fraude de 3.000 millones de dólares

Destaca la poca notoriedad que tiene la noticia, la cual, supone uno de los mayores desfalcos en la historia de Chile. Un país conservador en donde buena parte de la sociedad todavía considera que el ejercito, es uno de los últimos bastiones “limpios”. Es el mismo sector que opina los militares estuvieron controlados en materia corrupción desde los tiempos de Pinochet y que el ex dictador fue alguien honesto porque solo robó supuestamente, 100 millones de dólares, según lo recogido en el caso Riggs.

El fiscal regional de Aysén Carlos Palma dictó la orden de detención contra 800 militares en activo y retirados por un fraude dentro del Ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares -2500- millones de euros.

El fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales, todo ello a raíz del término del FAM o Fondo de Ayuda Mutua, un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.

La investigación comenzó en 2018 y, según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas.

Palma lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago, cuando en ese entonces los militares investigados eran poco más de 300.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por la emisora chilena RLN.

“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, hizo saber. Por un ejemplo destaca un caso flagrante, un general se embolsó cerca de 44 millones en cuatro viajes.

Las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel. Mientras esta semana la gente espera se implante la vacuna contra el COVID. Es el momento perfecto para sacar este escándalo, cuando la gene mira a otro lado.