Bolsonaro, el amo de las armas

El presidente Jair Bolsonaro, apodado el pistolero, sigue comandando la cruzada de armamento en Brasil. Pero llenar de armas uno de los países con mayor número de homicidios del mundo, en donde impera la ley del plomo, puede resultar una bomba de relojería que acabe explotando en el propio Palacio de Planalto. El gigante suramericano sigue sumido en una grave crisis económica y con más de 200.000 muertos por la pandemia. Pero el mandatario parece tener otras preocupaciones.

Bolsonaro asegura que prepara para los próximos días “dos o tres” decretos más para poder facilitar a la población el acceso a las armas de fuego, ya que, pese al récord de ventas en 2020, “el ciudadano de bien ha estado durante mucho tiempo desarmado”.

“Hemos batido el récord en relación a 2019. Más del 90% en venta de armas, pero todavía es poco, tiene que aumentar más”, dijo el mandatario, quien además prometió que la nueva legislación “va a facilitar las cosas” a coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores. “Hay tres decretos por salir. Creo que saldrán esta semana. No puedo decir mucho más de la ley, pero les va a facilitar más las cosas”, afirmó Bolsonaro.

Récord de homicidios

La política de armas de Bolsonaro generó una gran polémica en un país que en 2017 batió récord de homicidios, con un promedio de siete por hora. Pero fiel a su promesa, cuando salió electo promulgó un decreto para facilitar la compra, el registro y la tenencia de hasta cuatro armas de fuego.

En la actualidad, el solo hecho de vivir en una zona rural o una zona urbana con un alto índice de criminalidad basta como justificación para solicitar el permiso de posesión de un arma. Pero también habilita a habitantes residentes de zonas urbanas con alta incidencia de homicidios, propietarios de negocios, coleccionistas y cazadores. Es decir, a casi cualquier ciudadano.

Además, extiende la validez de los permisos de cinco a diez años, y aumenta la cantidad de municiones que se pueden adquirir en una sola compra, así como la cantidad de armas que puede poseer un individuo. También permitió la venta de armas de más alto calibre. Entre el armamento que ahora está a la venta, se encuentra el T4 -un rifle semiautomático de estilo militar producido por el fabricante de armas brasileño Taurus-, un arma que antes solo estaba disponible para las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, en abril de 2020, Bolsonaro revocó tres ordenanzas sobre rastreo, identificación, marcado de armas y municiones, mientras que en diciembre pasado eliminó las tasas de importación de revólveres y pistolas, que hasta ahora se situaban en un 20% del valor del producto. Además amplió aún más el universo apto para empuñar un arma. Bolsonaro liberó el porte de armas para 19 millones de personas, según estimaciones de ONG, al incluir categorías como camioneros, abogados, funcionarios públicos e incluso periodistas en el derecho a transportar armas fuera de casa.

Bolsonaro y sus hijos nunca han ocultado su pasión por las armas de fuego, como muestran las fotos y los vídeos que suelen publicar en las redes sociales. De hecho, el presidente admitió en una entrevista al semanario “Veja” en 2019 que duerme con una pistola “siempre cerca”, incluso en la residencia oficial en Brasilia. Durante la campaña era común verle montado en camioneta empuñando un rifle.

En Brasil, un país de más de 209 millones de personas, el derecho a la posesión de armas no es una garantía constitucional, como lo es en Estados Unidos. Desde hace tiempo, el movimiento a favor del derecho a la posesión de armas ha estado del lado de los perdedores en los debates políticos.

Aproximadamente, dos de cada tres brasileños están en contra de la posesión de armas, e incluso un segmento mayor de la población se opone a facilitar un permiso para la compra de armas, según un estudio de 2019 realizado por Datafolha, uno de los principales grupos de investigación en Brasil.

Sin embargo, todavía se debe pasar por un largo proceso para obtener el permiso para comprar un arma -incluida una evaluación de la salud mental y una revisión de los antecedentes penales- que puede durar meses. Según los expertos, los nuevos decretos buscarían agilizar y abaratar dichos trámites.