Lava Jato la macrocausa de siete años que terminó con dos presidentes

El efecto mariposa en la justicia se ve claramente en el caso Lava Jato. La investigación del blanqueo de dinero en un lavadero de coches de Curitiba, una capital interior de Brasil alejada de los centros de poder, llevó a cuatro ex presidentes de países latinoamericanos a la cárcel. La pequeña trama de blanqueo en una empresa de limpieza de vehículos provocó la mayor multa por sobornos que una compañía ha pagado jamás: la constructora Odebrecht abonó 3.500 millones de dólares en Estados Unidos. Lava Jato, “lavado a presión” en portugués, es la trama de mordidas que la constructora Odebrecht condecía a cambio de contratos públicos.

La Fiscalía General de la República disolvió a principios de semana la unidad de nueve fiscales dedicada en exclusiva a investigar el caso. El Ministerio Público de Curitiba informó de que “el equipo especial deja de existir”. Desde su inicio en 2014, la envergadura del caso no paró de crecer. Se fue ramificando hasta señalar a las altas esferas políticas y empresariales de varios países latinoamericanos.

Lula da Silva fue condenado a 17 años de prisión. Estuvo encerrado desde abril de 2018 hasta noviembre del 2019. El Tribunal Supremo concedió la libertad a Lula a la espera de que se resuelvan las dos apelaciones que tiene pendientes. Los expresidentes Ricardo Martinelli (Panamá), Mauricio Funes (El Salvador) y Alejandro Toledo (Perú) también han estado entre rejas. El exmandatario peruano Alan García se pegó un tiro cuando iba a ser detenido. Su suicidio abrió un debate en el país sobre las detenciones durante las investigaciones. Dejó una carta de despedida que rezaba: “Otros se venden, yo no”.

Las revelaciones llenaron las calles brasileñas de indignados, mostró el hartazgo de la sociedad ante la corrupción e impulsó la victoria electoral en 2018 del presidente Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores de Lula era favorito en las encuestas hasta que su líder fue inhabilitado. Bolsonaro se presentó como el mayor enemigo de los corruptos. El juez Moro que llevó el caso fue nombrado ministro de Justicia de su gobierno. Las arcas públicas de Brasil recuperaron 660 millones de euros.

Los agentes de Lava Jato serán integrados en el equipo contra el crimen organizado que depende de la Prefectura General de la República. El carpetazo ha provocado sospechas hacia el presidente Bolsonaro. Moro se ha ido del Gobierno y los investigadores iban estrechando el cerco en torno a miembros de su gabinete sospechosos de corrupción.

El mandatario populista preparó el terreno con el nombramiento de un fiscal general afín que ahora ha dado disuelto la unidad especial. El presidente anticipó el final de Lava Jato el pasado 7 de octubre: “Yo ya acabé con Lava Jato porque no hay corrupción en mi gobierno”.

Lava Jato sigue marcando la política brasileña. Los mensajes publicados este domingo por el diario “The Intercept” intercambiados entre el entonces juez Sergio Moro y los fiscales han sacudido Brasil. La tensión política se hace interminable en el país sudamericano. En las conversaciones, Moro orienta al fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima a “emitir un comunicado dejando patente las contradicciones del testimonio” de Lula. A lo que el fiscal contestó: “Podemos hacerlo. Voy a hablar con estos”. Después Santos Lima copió el diálogo y se lo mandó al coordinador del equipo de fiscales, Deltan Dallagnol.

En el grupo de chat de los fiscales Dellagnol escribió: “Tenemos que darle comodidad al proceso, asumir el protagonismo para dejarlo más protegido [al juez Sergio Moro] y alejarlo un poco del foco”. Después continúo: “Tendría que ser un comunicado, para protegerlo y reducir riesgos. El JN [Jornal Nacional, principal telediario de Brasil] lo va a abordar mañana”.

La polémica está servida. Este martes la Justicia brasileña ha permitido al abogado de Lula utilizar los mensajes para defenderse en las causas que mantiene abiertas. El magistrado Gilmar Mendes acusó a Moro de haber actuado ilegalmente. Mendes llegó a hablar de una “stasi brasileña”, al comparar su actuación con la policía secreta de la disuelta Alemania oriental. “Este modelo de justicia es de un estado totalitario. Los medios fueron complacientes. Es el mayor escándalo judicial de la historia de la humanidad. Está lleno de delitos”, afirmó.

A pesar de la polémica en torno a la parcialidad del juez, este enorme procedimiento condenó a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora que lleva su apellido. También detuvo al que fuera el hombre más rico de Brasil, Eike Batista, provocó la destitución de la presidente Dilma Rousseff y dio comienzo a 83 investigaciones contra políticos aforados.

Ahora la rama más polémica de este gigantesco entramado corrupto se investiga en México. El país centroamericano es por ahora la excepción tras provocar tormentas políticas e indignación ciudadana en Brasil, Panamá, El Salvador, Colombia, Venezuela y Perú. Pronto puede ocurrir lo mismo en México.

Las últimas revelaciones apuntan a una trama de mordidas a cambios de contratos públicos durante el Gobierno del ex presidente Peña Nieto. El entonces director de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozaya, recibió sobornos de la constructora española OHL a cambio de amañar concursos de obra pública. Lozaya y Peña Nieto se unen así al abultado club de poderosos, sospechosos unos y condenados otros, que gozaron de impunidad durante décadas. Creían tener todo controlado, pero nadie controló el efecto mariposa.