Francia aprueba una nueva ley contra el terrorismo “endógeno” para frenar a los “lobos solitarios”

Un modus operandi que se repite, ataque con cuchillo y medios escasos, fuera del radar de los servicios de inteligencia, sin ficha de radicalización y sin relaciones con redes terroristas internacionales. Es el perfil que trae de cabeza a Francia y que se ha venido repitiendo en un goteo interminable desde hace años.

El último sin ir más lejos, el pasado 23 de abril cuando una agente de una comisaría en la periferia de París murió acuchillada por otro individuo no fichado. Ahora, el gobierno de Macron quiere poner en marcha nueva artillería legal para perseguir esta amenaza “endógena” a la que el país se ha ido resignando.  

“Desde noviembre de 2015, ningún atentado lo han cometido personas que regresaban de las guerras en Irak y Siria (al servicio del grupo Estado Islámico). Hemos pasado de una amenaza exógena a una endógena”, ha subrayado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, tras el consejo de Ministros de este miércoles en el que se ha presentado este nuevo proyecto de ley contra el terrorismo, que aún debe someterse  al voto de la Asamblea Nacional y que incluye medidas como una mayor vigilancia de la actividad en las redes sociales y un seguimiento especial de los condenados por terrorismo una vez que dejen la prisión.

El Ejecutivo galo calcula que de aquí a 2023 serán liberadas un centenar de personas encarceladas por ese tipo de delitos, y ésa es una de las claves que la nueva reglamentación quiere atajar. La normativa impulsará el uso de algoritmos en la búsqueda de sospechosos, lo que permitirá acotar los filtros para localizar a los usuarios que, por ejemplo, hayan consultado vídeos de decapitaciones de grupos islamistas u otros datos que hagan saltar las alarmas.

“De este modo podremos conocer esa información, retirar el anonimato de esa persona y evaluar la amenaza”, sostiene Darmanin, quien adelantó que habrá “garantías muy reforzadas” para evitar posibles abusos en la esfera de la privacidad. Recelos que suelen ser una constante en Francia y sobre los que Macron quiere dar garantías a un año de las elecciones presidenciales.

Varias de la medidas aprobadas por el Gobierno ya se aplicaron durante el último régimen del estado de emergencia (2015-2017), y ahora pasarían a incluirse de manera definitiva en la legislación, un polémico punto para los defensores de las libertades individuales. Los registros policiales se agilizarán en casos de “amenazas graves” y no cuando los sospechosos planteen una situación “particularmente grave”, como hasta ahora.

El gobierno quiere dar respuesta de esta forma a las críticas del campo conservador y de la ultraderecha, pero al mismo tiempo, marcar distancia en su discurso. “La cuestión hoy es cómo mejorar nuestra política contra el terrorismo. No hay que confundirla con la política migratoria. Confundirlas debilita ambas luchas”,  ha asegurado el primer ministro Jean Castex, respondiendo así a las acusaciones de la líder ultraderechista Marine Le Pen.