El Parlamento Europeo exige utilizar toda la artillería pesada contra Orban

El pulso de Viktor Orban continúa. Ayer entró en vigor la ley aprobada por el parlamento húngaro, con un solo voto en contra, en la que se prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en las escuelas y que extiende este veto a todo el material audiovisual al que puedan tener acceso los menores.

Poco le han importado al primer ministro del país la ofensiva de las instituciones comunitarias en las últimas semanas que ayer mismo vivió un nuevo capítulo con una dura resolución aprobada por el Parlamento Europeo, en la que se pide a Bruselas que reaccione con rapidez con todos los medios a su alcance, lo que incluye la congelación de los fondos europeos que corresponden a Budapest. La Eurocámara ha pedido reiteradamente a la Comisión Europea que desempolve el mecanismo sobre el Estado de Derecho que supedita el desembolso de las ayudas a frenar la deriva autoritaria, pero von der Leyen se ha inclinado a esperar hasta el otoño para resolver estos expedientes.

El texto sin valor vinculante y aprobado por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones define esta “nueva ley como una violación manifiesta de los valores, principios y el Derecho de la Unión” y ha contado con el apoyo de los principales grupos de la Eurocámara. En la delegación española, los eurodiputados de Vox votaron en contra y los del PP se han abstenido, desmarcándose de parte de su familia política que sí ha apoyado el texto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha calificado esta ley como “una vergüenza” que equipara homosexualidad con pedofilia y el Ejecutivo comunitario ha envió una carta al gobierno húngaro en la que podría explicaciones, como modo de que Budapest diera marcha atrás antes de su entrada en vigor. Pero hasta el momento, el desafiante Orban ha recogido todos los guantes sin atisbo de amilanarse.

En esta misma resolución se pide agotar todos los medios legales, incluidas solicitudes de procedimiento acelerado ante el Tribunal de Justicia de la UE, demandas de medidas provisionales y sanciones por incumplimiento de estas medidas. Si la Comisión Europea no actúa o no lo hace a la celeridad requerida, la Eurocámara recuerda que cualquier Estado europeo puede recurrir directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE o presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos para aquellos ámbitos que queden fuera del derecho comunitario.

En la pasada cumbre europea, un total de 18 Estados firmaron una declaración en defensa de los derechos del colectivo LGTBI en un intento de acorralar a Orban. Algunos países como Holanda incluso le enseñaron la puerta de salida y el instaron a seguir el camino de Reino Unido con la activación del artículo 50 de los tratados. Orban, sin embargo, ha seguido manteniendo que la ley no es homófoba sino que tan sólo pretende preservar el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Hungría es el único país junto con Polonia al que se le ha activado el artículo 7 que puede desembocar en la pérdida del derecho de voto en el Consejo. Desde año años, el procedimiento se encuentra en punto muerto y no ha sido capaz de revertir la deriva autoritaria de los dos países en ámbitos como la independencia judicial o la libertad de prensa. De ahí, que las instituciones europeas consideren que el recorte de los fondos puede ser el camino más útil y eficiente, aunque la legalidad de este mecanismo del Estado de Derecho haya sido recurrida por los dos países mencionados ante el Tribunal de Justicia de la UE y todo indica que el fallo no llegará hasta finales de año.

Como medida a corto plazo, la Comisión Europea baraja retrasar la aprobación del plan de recuperación europeo húngaro para hacer frente a los estragos del coronavirus por valor de 7.2000 millones de euros. Bruselas tiene de plazo inicial para dar su luz verde hasta este próximo lunes pero puede alegar que el plan no contiene los suficientes mecanismos para luchar contra la corrupción.