La venganza talibán contra las Fuerzas de Seguridad afganas

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, España y otras potencias occidentales acusan a los talibanes, que alcanzaron el poder en Afganistán el 15 de agosto –veinte años después de ser derrocados por la propia OTAN–, de estar llevando a cabo «ejecuciones sumarias» de antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad y de la inteligencia afgana, crímenes revelados por organizaciones de derechos humanos.

«Estamos profundamente preocupados por los informes sobre ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de ex miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas, documentadas por Human Rights Watch (HRW) y otros», reza la declaración suscrita por 21 países más la Unión Europea.

El informe de HRW, publicado a comienzos de la semana pasada, da cuenta de la desaparición o asesinato en apenas cuatro de las 34 provincias de Afganistán más de un centenar de miembros de las fuerzas del orden de la extinta República –desmoronadas con una inesperada rapidez a medida que los talibanes avanzaban en su fulgurante campaña y se aproximaba la fecha de partida de las tropas estadounidenses–, incluidos policías, militares y agentes de la inteligencia «rendidos o aprehendidos por las fuerzas talibanes».

Asimismo, el informe de la organización no gubernamental precisa que los líderes talibanes exigieron a las Fuerzas de Seguridad del anterior régimen que se registraran ante la nueva autoridad talibán con el aparente objetivo de trazar «sus vínculos con ciertas unidades militares o fuerzas especiales» para garantizar su seguridad. La realidad ha sido otra: estos controles solo han servido para represaliar –haciéndolos desaparecer o ejecutándolos– a quienes los talibanes consideraron apropiado.

A juicio de las 22 administraciones que suscribieron el comunicado que se hizo público ayer, las supuestas ejecuciones perpetradas por los talibanes no se compadecen con las promesas de equidad y magnanimidad, incluida la de la amnistía para los funcionarios de la anterior administración, de los líderes del nuevo Emirato Islámico para con la comunidad internacional desde su llegada a Kabul. No en vano, la declaración insta a los talibanes a llevar a cabo «de manera efectiva la amnistía a los antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad afganas y antiguos oficiales del Gobierno para garantizar que se cumple a lo largo y ancho del país y en todas sus filas».

Las potencias occidentales exigen además al régimen fundamentalista transparencia en la investigación de los crímenes que les atribuyen las organizaciones de derechos humanos. «Los casos reportados deben ser investigados con prontitud y de una forma transparente, los responsables rendir cuentas y los pasos que se den deben ser publicitados con claridad como elemento disuasorio inmediato de futuros asesinatos y desapariciones», llama el documento firmado por las potencias occidentales.

En otra burla a su propia sociedad y al mundo, los talibanes prometieron el establecimiento de una comisión de investigación que diera cuenta de abusos a los derechos humanos o corrupción, sin que por ahora haya trascendido ningún avance en su constitución. El ministro del Interior talibán, Sirajuddin Haqqani, instaba a sus «hermanos a cooperar con la comisión y no proteger ni apoyar a ningún individuo con mal comportamiento sobre la base de la amistad personal», informaba la cadena Al Jazeera.

Cuando ya han transcurrido más de tres meses desde la partida de las fuerzas de Estados Unidos –que nunca previó la rapidez de la llegada al poder de los talibanes-, la situación social en el país de Asia Central a las puertas del invierno solo puede calificarse de crítica. Con el regreso insurgente, la ayuda internacional –fundamental para el mantenimiento del Estado afgano– se evaporó: Washington congeló activos por valor de 9.500 millones de dólares pertenecientes al banco central afgano. El FMI suspendió un fondo de 370 millones de dólares. Naciones Unidas aseguraba recientemente que el coste económico y social del colapso que sufre ya el sistema financiero de Afganistán será «colosal». Los empleados del sector público llevan meses sin percibir sus salarios.

Catástrofe alimentaria

La retirada de la ayuda internacional –y de las instituciones multilaterales del terreno–, combinada con la pandemia, los desplazamientos internos de población como consecuencia de las turbulencias políticas y la sequía anticipan meses catastróficos. La amenaza del hambre afecta ya a más de 22 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población afgana, según datos de la ONU. Más de ocho millones pasarán hambre. La tragedia se cebará con los más pequeños: un millón de niños no sobrevivirá al invierno.

Crímenes contra los antiguos integrantes de las Fuerzas de Seguridad, violencia sectaria, hambruna, gobierno y justicia basados en la ley islámica y discriminación a la mujer constituyen la cotidianidad de la vida en el Emirato Islámico afgano, que sigue sin obtener el reconocimiento de la comunidad internacional y condena a su población a una catástrofe humanitaria. «Continuaremos midiendo a los talibanes por sus acciones», aseguraron las potencias firmantes de la declaración.

“Casos individuales de asesinatos”

Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Sayed Khosti, ha rechazado la acusación de asesinatos en represalia, diciendo que no se habían presentado pruebas.

“Si hay alguna prueba, debería ser compartida con nosotros”, dijo en una declaración en vídeo, insistiendo en la supuesta la amnistía general anunciada por el gobierno talibán.

“Hemos tenido algunos casos individuales de asesinatos de ex miembros del gobierno, pero se debieron a enemistades privadas y hemos detenido a los implicados”.

“Esto es una calumnia contra el Emirato Islámico de Afganistán, no es justicia”.