Escándalo en los tribunales cubanos: los juicios amañados contra los presos políticos

Como es de conocimiento de la comunidad internacional, el pasado año 2021 la República de Cuba fue sacudida por intensas y masivas protestas a lo largo y ancho de su territorio despuntando las acontecidas en los días 11, 12 y 13 de julio (11J); la violenta represión llevadas a cabo por las autoridades en cumplimiento de la “orden de combate” dada por el presidenteMiguel Díaz-Canel incluyeron la muerte del manifestante pacífico Diubis Laurencio Tejada, baleado por un oficial de la PNR, cientos de heridos, y una oleada de detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzadas. Esta ha sido la mayor protesta registrada en más de seis décadas pero no fue la única.

Según datos aportados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2021 se llevaron a cabo al menos 9.705 acciones represivas contra la población civil, 2.717 detenciones arbitrarias y 3.743 retenciones ilegales en viviendas.

De acuerdo a los archivos de Prisoners Defenders enero de 2021 inició con 138 presos políticos y cerró el año con 955, cifras que representan entre el 40% y el 50% de la cantidad real estimada y a la cual no se ha podido acceder dada la ausencia total de transparencia y cooperación por parte de las autoridades.

De esta cifra, al menos 700 pertenecen a la represión contra manifestantes del 11J y el 15N (Marcha Cívica por el Cambio). Según la el Observatorio Cubano de Derechos Humanos son 39 los menores de edad procesados, quienes oscilan entre 14, 15, 16 y 17 años, de los cuales 13 están siendo acusados del delito de sedición con peticiones fiscales de pena máxima. Al menos 387 prisioneros han sido sentenciados, 137 de ellos con penas de más de 10 años; de ellos el 35% (107) son mujeres prisioneras políticas. Sea por medidas cautelares de prisión provicional o por sentencia firme los manifestantes del 11-J permanecen en centros penitenciarios de la dictadura.

Este lunes 10 hasta el día 15 de enero se estarán efectuando juicios contra 66 de los presos políticosdel 11-J por los delitos de sedición, desacato y desorden público, información difundida por el medio independiente Cubanet. Están siendo celebrados en los tribunales de Mayabeque, Villa Clara, La Habana y Holguín. Las imágenes obtenidas gracias a filmaciones hechas por los familiares de las víctimas de la represión política muestran en el Tribunal de Holguín las imágenes de los imputados. Todos visiblemente jóvenes entre ellos cuatro menores de 18 años, de un total de 21 acusados.

Las irregularidades y violaciones a los derechos de los manifestantes han estado presentes desde el mismo momento de sus detenciones violentas y arbitrarias. Han estado seis meses en prisión expuestos a tratos degradantes, condiciones de hacinamiento e insalubridad, torturas, desapariciones forzozas, limitaciones para ver a sus familiares, recibir tratamiento médico adecuando y estando expuestos a golpizas por parte de la Policía, incluso incientes con los presos comunes como fue el caso de Dariel Cruz García, joven manifestante del 11-J, apuñalado por otro recluso.

Por si esto fuera poco, los delitos que se imputan son absurdos y las penas desproporcionadas. En todos los casos se hacen peticiones de penas máximas para ciudadanos sin antecedentes penales, existiendo peticiones fiscales de hasta 30 años, equiparables a las penas por el Delito de Asesinato. El Estado Cubano no reconoce el carácter político de las acciones penales que está promoviendo contra los manifestantes calificándoles previo a los juicios como “delincuentes comunes”. Sin embargo, al menos 545 son Convictos de Conciencia, es decir, están padeciendo prisión por el mero ejercicio de sus derechos fundamentales y constitucionales.

No siendo suficiente la imputación de delitos contra manifestantes pacíficos las autoridades cubanas han fabricado las pruebas y amañado los juicios. La esposa del manifestante Maikel Puig, Saily Núñez denuncia que la fiscalía está formulando acusaciones sin pruebas. La hermana de Andy García, Roxana García Lorenzo llama la atención como durante la celebración del juicio la defensa expuso la falsedad de los testimonios presentados por los testigos de la Fiscalía, los cuales titubeaban y no eran capaces si quiera de identificar a los supuestos acusados. Este no ha sido el único caso.

El joven de 21 años, Walnier Luis Aguilar Rivera cuyo juicio se celebró el pasado 10 de octubre de 2021 junto a otros 17 manifestantes enfrenta una sentencia de 23 años por el delito de sedición. Su padre, Luis Wilber Aguilar declaró ante Radio Martí que a los abogados se les limitó el tiempo para su defensa siendo presionados para que fueran “breves”; señala que todos los familiares lloraron al escuchar semejante condena incluso la jueza que había firmado la sentencia, lo cual indica que toda la insjuticia había sido arreglada de antemano. Según el testimonio de Elienay Suárez, madre del manifestante Maikel Armando Peña denunció que los fiscales forzaban a los testigos a declarar en contra de todos los acusados.

En el juicio a Roberto Pérez Fonseca se le condenó el 6 de octubre a 10 años de privación de libertad bajo cargos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, la Fiscalía basó su acusación en un solo testigo cuyo testimonio no fue cuestionado aún tratándose de un oficial de la PNR, sin embargo el tribunal rechazó por “parciales” a los dos testigos presentados por la defensa.

Los jueces se han negado a recibir pruebas incontrovertibles sobre la inocencia frente a los delitos imputados y en otros casos estas se han “extraviado” misteriosamente. Se ha aludido incluso que no ha podido accederse a los vídeos de las manifestaciones los cuales están publicados en las propias redes sociales.

Aunque los juicios de acuerdo a las leyes cubanas son públicos, las autoridades de forma arbitraria han impedido a la ciudadanía el acceso a las instalaciones donde se están celebrando. Varios testigos y familiares reportan fuertes operativos policiales en torno a los tribunales, despliegues de Boinas Negras, oficiales del Ministerio del Interior, la PNR y la Seguridad del Estado. Además en el día 13 de enero se han reportado los secuestros del premio Sájarov Guillermo Fariñas y de la enfermera y activista Welsy Cruz cuando se dirigían hacia los tribunales de Santa Clara y Holguín respectivamente a mostrar su apoyo a las familias.

Acoso y amenazas a los familiares de los detenidos

Los familiares después de enfrentar durante meses acoso y amenazas de todo tipo por parte de la Seguridad del Estado y la Policía han sido privados de la posibilidad de ver a sus familiares en un momento tan crucial. ETECSA, la única proveedora de servicios de telecomunicaciones y cómplice de la represión del régimen ha suspendido el internet a varios familiares como es el caso de Roxana García Lorenzo y su esposo Jonathan López, para que no puedan denunciar o informar lo que está pasando. El caso de Bárbara Farrat, madre del menor 17 años y preso político Jonathan Torres Farrat es típico del acoso de la Seguridad del Estado que mantiene un operativo en torno a su casa, habiendo sufrido secuestros, amenazas con la seguridad de su hijo, violaciones de domicilio y detenciones arbitrarias constantes; la razón: exigir la libertad de Jonathan.

La prensa oficial guarda silencio o manipulan los hechos, mientras que la prensa independiente enfrenta una cruenta persecución. Hasta la prensa extranjera acreditada en Cuba ha sufrido represalias por ejercer el oficio de informar; Gabriela Dueñas, presidenta de la agencia EFE declaró “nos están echando de Cuba” alegando las limitaciones impuestas por el régimen a una de las agencias internacionales de noticias más relevantes con presencia en el territorio cubano.

Aunque la Constitución cubana establece claramente el derecho de libertad e expresión y manifestación en sus artículos 54 y 56, estos han resultado letra muerta frente al artículo 5 de la misma que establece al Partido Comunista como la “fuerza dirigente de la sociedad y del estado” lo cual, en palabras de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular implica que el Partido está incluso por encima de la propia Constitución; también el presidente MiguelDíaz-Canel ha sentenciado en comparecencias públicas que en Cuba no existe tripartición de poderes. Esto convierte a todas las instituciones públicas en subordinadas a la ideología y hegemonía del Partido Comunista.

Verdugos en toga

Los órganos de justicia son meros instrumentos para los propósitos del Partido. Tanto la fiscalía como los medios oficiales del régimen no paran de aludir a la violencia de los imputados, violencia que no ha sido en ningún caso real ni comprobada. No se han sido respetadas las garantías procesales, ni el ejercicio del derecho a la defensa, ni el principio de objetividad de la fiscalía, ni la imparcialidad del juez. Los procesos han sido inmensos teatros, donde los jueces solo cumplen el papel que se les encomendó: verdugos en toga.

La dictadura cubana está dispuesta a todo y se sirve impunemente de todo con tal de dar un castigo ejemplar a aquellos que tuvieron el valor de alzar su voz. Su propósito es sembrar el terror entre la población de la Isla. El Estado Cubano lleva más de 63 años persiguiendo de manera generalizada y sistemática a todos aquellos que tengan un pensamiento diferente a la ideología oficial.

Lo que la dictaura califica como “criminales” son en realidad víctimas de la represión de un régimen que en su desatino ha optado por condenar a la juventud en lugar de escuchar sus reclamos. Como todo Estado criminal prefiere cometer sus fechorías en las sombras. Estos juicios son la evidencia de los crímenes de lesa humanidad que comete la dictadura cubana, de ahí sus esfuerzos por evitar que los mismos sean conocidos.