La Comisión Europea sigue adelante con la amenaza de congelar 7.500 millones de euros a Hungría

La Comisión Europea concluyó este miércoles que Hungría no ha realizado las reformas necesarias que le permitan evitar la congelación de parte de los fondos europeos que recibe  el país. La Hungría de Viktor Orban tiene el dudoso honor de estrenar este mecanismo, después de que el colegio de comisarios decidiera en el mes de septiembre proponer la suspensión de 7.500 millones de euros de las denominadas partidas de Cohesión (el 65% de los fondos asignados en tres programas europeos). Una decisión motivada por el “riesgo para el presupuesto de la UE” debido a irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en el sistema de contratación pública del país.

El Ejecutivo de Orban se comprometió a una lista de 17 reformas con un calendario preciso cuyo plazo expiró este pasado 19 de noviembre. El Ejecutivo comunitario ha analizado durante este tiempo estas reformas y considera que, al menos por el momento, el país no ha realizado los progresos suficientes y que, por lo tanto, los riesgos para el presupuesto de la UE continúan vigentes. Bruselas cree que Hungría va por el buen camino, pero considera que debe seguir esforzándose. Entre esos deberes que Budapest tiene que cumplir, se encuentra la creación de una autoridad independiente con amplios poderes, cambios en el código penal y reformas en los mecanismos de control y auditorías. El Parlamento Europeo ha estado presionando durante estos meses para que la Comisión Europea sigan adelante con la congelación de los fondos.

Tras la activación del procedimiento por parte del Ejecutivo comunitario, los países europeos deben votar sobre la congelación de los fondos en un plazo máximo de un mes por mayoría cualificada.  Se espera que esto tenga lugar el próximo 19 de diciembre. En casos debidamente justificados, esta fecha puede ampliarse dos meses más. Esto da a Budapest el suficiente tiempo para ganarse la confianza del resto de los socios.

Como punto de negociación para limar asperezas, Bruselas ha decidido, sin embargo, dar luz verde al plan de recuperación postpandemia valorado en 5.800 millones de euros para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus. Hungría era hasta el momento el único país que no había recibido el aval del Ejecutivo comunitario. Se trata, sin embargo, de una aprobación puramente técnica, ya que para que este dinero contante y sonante llegue a la economía del país se deben cumplir una serie de 27 hitos que incluyen ámbitos de la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción. Estas reformas que Budapest debe emprender a cambio del dinero europeo abarcan, entre otras medidas, nuevas autoridades independientes, mayor capacidad para acudir a a los tribunales si las denuncias de corrupción caen en saco roto, reglas más eficientes sobre conflictos de intereses, terminar con los obstáculos para las investigaciones  Oficina anti fraude europea (OLAF), una reforma del Tribunal Supremo, menores poderes para el Tribunal Constitucional en la revisión de sentencias y mayores capacidades para el Consejo Nacional de Justicia (un órgano independiente), con el objetivo de limitar las discrecionalidad en las decisiones.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, subrayó en rueda de prensa que “no tendrá lugar ninguna transferencia de recursos hasta que las condicione esenciales sean correctamente cubiertas”. Con este gesto, Bruselas intenta no romper los puentes con Hungría, quién en los últimos meses ha utilizado la regla de unanimidad que rige en ciertas políticas para bloquear la puesta en marcha de medidas como el impuesto mínimo de sociedades o la posibilidad de ofrecer ayuda a Ucrania a través de la movilización del presupuesto común europeo. Si Hungría no avanza en ninguno de los dos frentes, el país puede acabar perdiendo un total de 13.000 millones de euros.

En el caso del fondo de recuperación postpandemia, las capitales europeas tienen también cuatro semanas para avalar la decisión del Ejecutivo comunitario. La normativa de esta instrumento prevé que las subvenciones a fondo perdido deben estar comprometidas antes del 31 de diciembre de este año. Aunque Bruselas acabe dando su aprobado al desembolso de estos fondos, cualquier retroceso en el cumplimiento de estos hitos puede conllevar la congelación de los fondos.

Este instrumento de respeto al Estado de Derecho fue aprobado hace dos años –cuándo se negoció el nuevo fondo para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus-, pero el Ejecutivo comunitario decidió esperar a dar este paso hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se hubiese pronunciado sobre la legalidad de esta nueva herramienta. En su sentencia, el alto tribunal respaldó la creación de este nuevo procedimiento.