Los abogados del expresidente filipino Rodrigo Duterte han impugnado formalmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con su campaña antidrogas. En un escrito presentado el 1 de mayo, la defensa argumenta que la CPI no tenía jurisdicción cuando autorizó la investigación en septiembre de 2021, ya que Filipinas ya no era parte del Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI sostiene que sí tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos mientras Filipinas era signataria del tratado. La exfiscal Fatou Bensouda inició el examen preliminar en 2018, lo que llevó a Duterte a retirar a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019. Los abogados de Duterte solicitan que se anulen los procedimientos y se ordene su liberación, argumentando que carecen de base legal. Está detenido en La Haya desde marzo.