El Supremo, otro escollo para la supresión de las armas en Estados Unidos

La Corte Suprema, bajo dominio de los conservadores, emitirá un dictamen a fines de mes sobre una de las leyes estatales más estrictas sobre el control de las armas en EE.UU y que, según expertos, podría ampliar el derecho a la tenencia de las armas. Mientras, el continuo goteo de masacres y tiroteos ha caldeado el debate sobre cómo mejorar la seguridad pública sin atropellar la Segunda Enmienda, que consagra ese derecho.

Los nueve jueces vitalicios de la Corte Suprema realizaron el pasado 3 de noviembre una audiencia oral sobre el caso “Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York v. Bruen”, considerado su primer gran caso sobre el alcance de la Segunda Enmienda en más de una década.

Nueva York, un estado de corte progresista, promulgó una ley en 1911 que criminaliza la posesión de armas de fuego sin la debida licencia. El propietario debe además solicitar permiso para portar armas ocultas en sitios públicos, y para obtenerlo debe demostrar “causa propia”, es decir, una “necesidad especial” para su autoprotección más allá del temor comunitario respecto a la seguridad pública.

Expertos consultados por LA RAZÓN coincidieron en que la inacción contra la violencia de las armas es un problema político y no constitucional, pero sí hay espacio para regulaciones que refuercen la seguridad pública sin afectar la Segunda Enmienda. Lo que está en juego es el campo de maniobra que tendrían en adelante las autoridades estatales.

Darrell Miller, profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad Duke y experto en la Segunda Enmienda, explicó que la Corte podría instruir a los tribunales sobre cómo determinar si las restricciones violan o no la Constitución y eso acarrearía enormes consecuencias.

“Los conservadores han estado impulsando un enfoque que se apoye solo en el ‘texto, historia y tradición’, es decir que las regulaciones modernas son constitucionales solo si, en algún sentido aún por definirse, son similares a regulaciones históricas. Si la Corte Suprema impone ese enfoque en casos ligados con la Segunda Enmienda eso abriría la puerta a centenares de demandas contra regulaciones modernas”, advirtió Miller.

Por su parte, Eugenio Weigend Vargas, director del programa de prevención de la violencia de las armas del Centro para el Progreso Estadounidense, señaló que, aún si la corte anula la ley de Nueva York, los estados sí pueden adoptar leyes que regulen quiénes pueden poseer armas, qué tipo de armas y dónde portarlas.

“Las encuestas muestran con claridad dónde la sociedad traza la raya. Más del 65% de la población estadounidense apoya prohibir las armas de asalto, y cerca del 90% apoya una revisión universal de antecedentes de los compradores”, afirmó.

Para Weigand Vargas, la seguridad pública no está reñida con la Segunda Enmienda y el problema no son los propietarios de armas sino “un poderoso lobby pro-armas y algunos políticos a quienes no les importa la seguridad pública y les interesan más las ganancias”.

En la audiencia de noviembre pasado, los seis jueces conservadores arrojaron preguntas sobre leyes que restringen las armas en sitios sensibles y pusieron en tela de juicio la ley de Nueva York, sobre todo los criterios de las autoridades para emitir licencias para la portación de armas ocultas.

Tres de los seis jueces conservadores – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett- fueron nombrados durante la presidencia de Donald Trump y contaron con el respaldo de la influyente Asociación Nacional del Rifle.

El permiso de la discordia

El caso llegó hasta la Corte Suprema tras una demanda interpuesta por la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York (NYSRPA, por su sigla en inglés) y dos propietarios de armas, Robert Nash y Brandon Koch, que solicitaron permiso para portar armas ocultas para su autodefensa en toda ocasión.

Las autoridades estatales determinaron que Nash y Koch no demostraron necesidad de portar armas ocultas para su defensa y les aprobaron permiso para portarlas solo para la caza y la práctica de tiro. Koch además obtuvo permiso para portar una pistola oculta durante sus viajes desde y hacia su trabajo.

En la demanda entablada contra Kevin Bruen en su capacidad como superintendente de la policía estatal de Nueva York, los demandantes argumentaron que la ley de Nueva York, conocida como el “Acta Sullivan”, viola la Constitución al privarlos de su derecho a la tenencia de armas.

La Corte Suprema aceptó escuchar el caso en abril de 2021 y deberá determinar si la ley de Nueva York puede o no exigir prueba de “necesidad especial” para la autodefensa.

En EE. UU., los gobiernos estatales pueden adoptar leyes en torno a asuntos relacionados con la educación, el comercio, la salud, el acceso el aborto o la regulación de la compraventa de armas, entre otros. Pero, bajo la Constitución, la Corte Suprema tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes y su implementación o anulación.

En 2008, en un dictamen 5-4 en el caso conocido como “Distrito de Columbia v. Heller”, la Corte Suprema anuló una ley de 1976 de la capital estadounidense que prohibía la portación de pistolas y reafirmó así el derecho a poseer armas de fuego para la autodefensa en el hogar.

Dos años más tarde, en el caso “McDonald v. City of Chicago”, la corte emitió un fallo contra una ley de 1982 de Chicago que prohibía la tenencia de pistolas. En esa ocasión, la corte además dejó en claro que las protecciones bajo la Carta de Derechos de la Constitución, que incluye la Segunda Enmienda, tienen vigencia en los estados.

¿Tendrá “efecto dominó”?

Para grupos que abogan por un mayor control de las armas, entre éstos el Centro para el Progreso Estadounidense y el Centro Brennan para la Justicia, el peor escenario sería que la Corte reafirme el derecho a portar armas en todo sitio público.

Un fallo en contra de Nueva York desencadenaría una serie de dictámenes que atarían las manos de las autoridades estatales para restringir el acceso a armas mortíferas como las utilizadas en recientes masacres, según expertos. Eso podría dinamitar el estricto proceso de licencias de armas en estados como California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Hawái.

Los detractores de la ley de Nueva York aseguran que ningún estadounidense debe tener que justificar sus derechos constitucionales, mucho menos su derecho a la autodefensa si vive expuesto al peligro en vecindarios con altos índices de violencia.

La Administración Biden se situó del lado de Nueva York al insistir en un documento del Departamento de Justicia en que, si bien la Segunda Enmienda protege el derecho a la tenencia de armas, “ese derecho no es absoluto”.

Consultado por La Razón, Larry Tribe, profesor de Leyes de la Universidad Harvard, lamentó que, a su juicio, todo indica que la Corte Suprema podría “restringir aún más nuestra capacidad como nación para hacer frente a la plaga de la violencia de las armas”.

La Corte Suprema emitirá su esperado fallo varias semanas después de las masacres en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que han aumentado las presiones para que el Congreso adopte mayores restricciones en la compraventa de armas.