La guerra contra el crimen avanza con altibajos en Ecuador

Los ecuatorianos tratan de recuperar la normalidad en medio de la guerra desatada entre su Gobierno y el crimen organizado que ha arraigado en el país, pero los acontecimientos de los últimos días han dejado claro que no les va a resultar fácil. Las casi dos semanas transcurridas desde que el capo Adolfo Macías, alias «Fito», líder de la banda de Los Choneros, se fugara de la cárcel, y el asalto a la televisión estatal de un grupo de criminales que se pudo seguir por retransmisión en vivo a todo el país han hecho evidente que la política de firmeza de Daniel Noboa no será de fácil aplicación.

 El presidente declaró la existencia en el país de un «conflicto armado interno», decretó el estado de emergencia y ordenó el despliegue del Ejército para recuperar el control de la situación. Pero no hay recetas mágicas contra un cáncer tan extendido como el del hampa en Ecuador. El jueves, pocas horas después de que el Gobierno informara de que 1.975 personas han sido ya detenidas por terrorismo, con cinco sospechosos abatidos por la fuerza pública, el país se estremecía con la noticia del asesinato del fiscal César Suárez a plena luz del día en una calle de Guayaquil.

Suárez estaba encargado de la investigación del asalto a la sede televisiva, que se ha atribuido a la banda de Los Tiguerones, y había declarado recientemente que no se le había asignado escolta, otro ejemplo de la incapacidad del Estado ecuatoriano en la defensa de algunas de sus figuras clave pese a los esfuerzos de Noboa.

Sin embargo, la ofensiva del Gobierno va dando algunos frutos. La fuerte presencia militar ha devuelto a las calles de la ciudad portuaria de Guayaquil algo de la paz perdida en los últimos años por el auge de las exportaciones de coca con origen allí y los enfrentamientos entre las bandas que se disputan su control. Las autoridades han multiplicado las actuaciones con la intención de tranquilizar a la población y el Ejército se emplea en todo el país, con especial celo y presencia en las cárceles para desmantelar las 22 bandas designadas como grupos terroristas por Noboa. En la cárcel Regional de Guayas, de la que se escapó «Fito», más de mil efectivos policiales y militares tomaron el control de unas instalaciones que hasta hace poco servían de feudo de los criminales.

Las imágenes de los reclusos, reducidos y maniatados en ropa interior, unos junto a otros, tumbados de cara al suelo en las instalaciones del penal, recordaron a las que se vieron en El Salvador de Nayib Bukele después de que declarara una guerra total contra las bandas. Noboa parece decidido a emular el ejemplo de su homólogo salvadoreño, que ha logrado reducir drásticamente la criminalidad. Pese a que lo ha hecho en medio de denuncias de violaciones de los derechos humanos, las encuestas muestran la popularidad de su receta en una región tan azotada por la violencia y la inseguridad como América Latina.

Noboa, que fue elegido con la promesa de erradicar la delincuencia para completar el año y medio de mandato que le quedaba a la presidencia de su predecesor, sueña con que su política de seguridad lo aúpe en las encuestas como a Bukele en El Salvador, pero episodios como la muerte del fiscal Suárez ponen en entredicho que vaya a lograrlo.

La lista de enemigos del fiscal es larga, como larga es la lista de sospechosos. Además de estar a cargo del caso del asalto a la sede de la televisión, Suárez había dirigido varias investigaciones de alto nivel contra diferentes organizaciones criminales. También dirigía las pesquisas sobre la corrupción entre los jueces del país, un asunto particularmente espinoso. A estas alturas, aún no está claro si la muerte de Suárez fue la represalia de la banda que irrumpió en los estudios del canal TC o de algún otro de los perjudicados por sus investigaciones. La Policía informó de la detención de dos sicarios acusados de acabar con la vida de Suárez, presuntamente miembros de la banda de los Chone Killers. Se busca a al menos otros dos sospechosos.

La batalla del Gobierno en las calles y prisiones tuvo su eco en las redes sociales. Allí una multitud de usuarios se volcó a lo largo de la semana en mensajes de indignación contra los delincuentes, un indicio del hartazgo de la opinión pública con el fenómeno de la criminalidad. Muchos se sumaron a los llamamientos para denunciar a los delincuentes a las autoridades y apoyar a estas en su labor. Con la etiqueta #ExponiendoTerroristasEcuador, abundaron los mensajes señalando e identificando a presuntos miembros de las bandas. Otros usuarios mostraron su apoyo con vídeos de agentes golpeando a detenidos.