Irán reanuda las ejecuciones públicas

Tras un año de parón forzado por la pandemia, las autoridades iraníes retomaron las ejecuciones públicas de condenados a pena de muerte. Que no se produjeran ahorcamientos ante las masas no significa que la maquinaria letal se detuviera: en 2021 se registraron 314 penas capitales de presos en todo Irán. Amnistía Internacional (AI) publicó un informe alertando de una «horrífica oleada de ejecuciones» y urgió a detenerlas inmediatamente. Uno de los casos que más repercusión ha tenido en la prensa internacional es el de una joven, que a los 15 años fue obligada a casarse con un hombre. Soheila Abadi fue colgada en prisión la semana pasada por supuestamente matar a su marido, y otras dos mujeres corrieron la misma suerte. Se considera que Irán es el país que más mujeres ejecuta en todo el mundo. Activistas destacan que estas mujeres alertaron sobre la violencia doméstica que sufrían en sus hogares, pero las cortes desoyeron sus alegatos.

ONG locales e internacionales alertan que el régimen de los ayatolás está acelerando la maquinaria de ejecuciones. Solo la pasada semana liquidaron a 32 personas, y se estima que en la primera mitad de 2022 se dobló la cifra de condenados a muerte respecto al año anterior. Es casi misión imposible llevar una contabilidad certera, pero el recuento del Centro de Derechos Humanos Abdorrahman Boroumand calcula que hasta el 30 de junio se ajustició a 251 personas. Solo un 16,5% de los casos fueron reportados oficialmente por el sistema judicial.

«La maquinaria estatal está llevando a cabo asesinatos masivos a lo largo de todo el país en lo que supone un aberrante asalto al derecho a la vida. El cómputo de ejecuciones de este año es semejante al incremento registrado en 2015», señaló Diana Eltahawy, directora regional de AI en Oriente Medio. Para su organización, estos datos demuestran que Irán está alejado del mundo, donde 144 países han abolido por ley la pena capital. «Las autoridades iraníes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial, con el objetivo de abolir esta práctica», añadió.

La primera ejecución pública post pandémica se registró este 23 de julio en la provincia de Fars, donde un hombre fue ahorcado en una plaza. La mayoría de los ajusticiados este año fueron acusados de asesinato, aunque hay documentación consistente que prueba la irregularidad de muchos procesos judiciales. Otras 86 personas fueron ejecutadas por posesión o consumo de drogas, que según la legislación internacional no debería acarrear este castigo.

En Irán hay un sinfín de delitos que pueden conllevar la pena capital: asesinato, violación, homosexualidad, pedofilia, tráfico de drogas, robos armados, secuestros, terrorismo, incesto y relaciones sexuales prohibidas, prostitución, consumo de alcohol, subversión contra el régimen, «insultar al Profeta del Islam»…

Informaciones recogidas por activistas locales apuntan a que se han registrado varias ejecuciones masivas en el interior de centros penitenciarios. El 15 de junio, 12 personas fueron ejecutadas en la cárcel de Raja’i Shahr, en la provincia de Alborz. El día 6 del mismo mes, otros 12 reos fueron liquidados en la prisión de Zahedan, en la provincia de Baluchistán. El 14 de mayo, las autoridades mataron a 9 personas en tres localidades.

Raja’i Shahr es el caso más flagrante. Desde inicios de este año, alberga al mayor número de presos que esperan en el corredor de la muerte, y se ha mantenido una media regular de cinco ejecuciones a la semana. En algunos casos, esta cifra se dobló hasta los diez. Los datos fueron filtrados por los activistas Saeed Eghabli y Farhad Meysami, «injustamente encarcelados», según AI. A finales de año, este centro penitenciario podría superar las 200 ejecuciones.

Desde septiembre de 2021 se registró un incremento exponencial de las penas de muerte, que coincidió con el nombramiento del ultraconservador Ebrahim Raisi como presidente de Irán. Raisi fue integrante del “Comité de la muerte de Teherán”, que a finales de los años 80 ordenó la ejecución de unos 3.000 presos políticos iraníes. Con tan solo 28 años, el actual presidente era entonces el jefe de la judicatura iraní, y por orden del ex líder supremo Ayatolá Khomeini dictó fusilamientos y ahorcamientos masivos de disidentes.

El relator especial de la ONU para Irán indicó que “existen evidentes defectos en la ley. La mayoría de casos, sino todos, suponen una depravación arbitraria del derecho a la vida”. En la mayoría de casos, las confesiones que se usan como evidencia para dictar las penas capitales son obtenidas bajo tortura.