Superados los cuatro años desde el autogolpe protagonizado por el presidente Kais Saied, la denominada "marcha contra la injusticia", celebrada el pasado sábado en las calles de la capital, parece reactivar la protesta contra el nuevo régimen autoritario instaurado de la mano de un mandatario que llegó al poder en las urnas con el objetivo de “salvar” a Túnez de sus enemigos.

El pequeño Estado norteafricano, que abanderó el descontento antiautoritario árabe hace casi 14 años con la conocida como "Revolución de los Jazmines", que acabó derrocando de manera pacífica la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali, vio desmoronarse su primera experiencia democrática después de una década. En 2022, las actuales autoridades tunecinas aprobaron una nueva Carta Magna con poderes reforzados para el presidente que derogaba la de 2014, elaborada tras años de deliberación y tras la celebración de elecciones democráticas.

Aunque nunca han dejado de producirse protestas por la deriva autoritaria actual desde julio de 2021, cuando el profesor de Derecho y jefe de Estado decidió asumir todos los poderes, lo cierto es que la oposición, fundamentalmente sectores izquierdistas, seculares y sindicales, no ha logrado convocar nunca, ni de manera lejana, las multitudes que la revolución de los jazmines -prólogo de la que pasara a la historia como Primavera Árabe- llegó a reunir en las avenidas del centro de Túnez y otras ciudades.

El sábado pasado, la denominada "marcha contra la injusticia" acabó convocando a unas 5.000 personas a través de la avenida Mohamed V de la capital del país entre organizaciones opositoras y sindicatos, según recogía la prensa local. Como ya ocurriera a partir de aquel 17 de diciembre de 2010, cuando un vendedor de frutas de nombre Mohamed Bouazizi se prendiera fuego a lo bonzo en la localidad de Sidi Bouzid -lo que le costaría la vida el 4 de enero de 2011-, el detonante inicial de las protestas de la semana pasada no han sido reclamaciones estrictamente o únicamente políticas.

De hecho, aunque la citada "marcha contra la injusticia" exigió la recuperación de derechos y libertades, los convocantes instaron al Gobierno liderado por Kais Saied que adopte medidas inmediatas para reducir la contaminación en la región de Gabes, en el sur del país, donde existe una planta química de fosfatos que está convirtiendo la zona en un vertedero y provocando numerosos problemas de salud a la población. También exigieron al Gobierno la mejora de las condiciones económicas, que había sido una de las motivaciones de Saied para ejecutar su autogolpe dos años después de su victoria electoral.

Las próximas semanas, con el aniversario de la inmolación de Bouaziz en el calendario, pondrán a prueba la resiliencia del renovado movimiento de protesta frente al poder vigente, hasta ahora rocoso e inflexible -en octubre de 2024 se impuso con más de un 90% de los votos aunque con una participación de menos del 29% del censo- sabedor de que la mejora de las condiciones materiales -y no la recuperación de las libertades e instituciones democráticas perdidas a partir del verano de 2021- es la prioridad de la mayor parte de la población tunecina. Desde el autogolpe y la apertura de las nuevas cámaras del parlamento tunecino, los partidos políticos han quedado excluidos de la escena pública. Los islamistas de Ennhada, que se impusieron en todos los comicios libres celebrados desde la caída de Ben Ali, han sido la auténtica obsesión de Saied.

De hecho, sabedor de la fuerza del factor emocional, el presidente tunecino se ha valido de una retórica nacionalista y populista trufada de tintes religiosos y xenófobos, cuyo corolario ha sido la cruzada emprendida por las autoridades contra la inmigración irregular de origen subsahariano. Saied es además consciente de la importancia de Túnez en la lucha contra la emigración irregular hacia la UE, que ha combinado las críticas verbales con un importante respaldo financiero a las autoridades del país magrebí.

Entretanto, ONG Amnistía Internacional ha afirmado que la represión contra los grupos de derechos humanos ha alcanzado niveles críticos, con arrestos arbitrarios, detenciones, congelamientos de activos, restricciones bancarias y suspensiones dirigidas contra 14 ONG. La oposición denuncia que Saied ha destruido la independencia del poder judicial. En 2022, disolvió el Consejo Supremo de la Judicatura y destituyó a decenas de jueces, medidas que grupos de oposición y defensores de derechos humanos condenaron como un golpe de Estado. La prensa ha sido otro blanco del régimen de Kais Saied, que ha detenido y encarcelado a decenas de informadores durante los últimos años. El sindicato de periodistas SNJT denunciaba recientemente “una represión sin precedentes” de los medios de comunicación.