La Asamblea Nacional aprobó al filo de la medianoche la versión final de una polémica ley de inmigración que ha sacudido el tablero político en Francia. Es un nuevo punto de inflexión en el segundo y definitivo quinquenio del presidente Emmanuel Macron tras la crisis de la reforma de las pensiones. El texto salió adelante una semana después de que el Parlamento evitara tramitarlo siquiera a votación. La izquierda presentó una moción de rechazo que contó con el respaldo de la derecha tradicional y la extrema derecha, descontentas estas últimas por el alcance «limitado» de las medidas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, que ha hecho de esta propuesta una batalla política personal, se empleó a fondo para contentar a Los Republicanos y disipar así la amenaza de bloqueo legislativo que pendía sobre el macronismo. Pero se topó contra todo pronóstico con el voto favorable del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, que proclamó su «victoria ideológica». La ley marca una ruptura política sin precedentes por la incorporación de muchas de las premisas establecidas por la extrema derecha en materia de inmigración.

¿Necesitó Macron los votos de la extrema derecha?

Macron no necesitó los votos de Le Pen. Votaron a favor del texto 349 diputados frente a los 186 que lo hicieron en contra. «Pero sí [tomó] sus ideas», ha denunciado este jueves el expresidente francés François Hollande en una entrevista con Le Monde. La mayoría presidencial surgida de las legislativas del pasado junio sufrió, sin embargo, varias deserciones. Hasta 27 diputados del bloque macronista votaron en contra y otros 32 optaron por la abstención. En cambio, entre los 66 diputados de Los Republicanos y los 88 de Reagrupamiento Nacional no hubo fisuras. Todos sin excepción votaron a favor, por lo que el líder de Los Republicanos, Eric Ciotti, habló de una victoria «histórica» de la derecha.

Le Pen, que había amenazado con votar de nuevo en contra del texto y que cambió de decisión a última hora, proclamó la «victoria ideológica» de su formación, una premisa que Macron ha intentado desmontar este miércoles en una entrevista televisiva en el canal France 5. «Esta ley nos permitirá luchar contra lo que alimenta a Reagrupamiento Nacional porque nos hará más eficaces», ha asegurado el presidente. «Bloquear a la extrema derecha significa no asumir estas ideas. Estas ideas no están en el texto».

Darmanin quiso dejar claro desde la tribuna de la Asamblea Nacional que la propuesta habría sido aprobada sin la necesidad de contar con los diputados del antiguo Frente Nacional. No obstante, el voto en contra de los de Le Pen habría servido para tumbar el texto. Bastaba una abstención para que saliera adelante, pero la líder de extrema derecha quiso sacar el máximo rédito político de una propuesta que había rechazado por considerarla demasiado laxa en ocasiones anteriores.

¿Cuáles son las cláusulas más polémicas de la ley?

La ley está compuesta por más de un centenar de artículos. Recoge la mayor parte de la versión «dura» del texto adoptada en noviembre por el Senado, dominado por la derecha tradicional. La propuesta reintroduce el delito de residencia ilegal –castigado con una multa de 3.750 euros y con tres años de prohibición de entrada en el país–, una infracción que fue suprimida en 2012 en aplicación de una directiva europea.

Condiciona el acceso a prestaciones familiares y ayudas a la vivienda a acumular cinco años de residencia legal en Francia –dos y medio en el caso de aquellos inmigrantes que tengan un empleo–, frente a los seis meses que se han exigido hasta ahora. Está cláusula legitima el concepto de «preferencia nacional» espoleado por la extrema derecha. De hecho, Marine Le Pen tomó la decisión final de votar a favor del texto en el comité mixto precisamente por este detalle. «No veo cómo mañana los representantes electos de la mayoría, encabezados por el presidente de la República, podrán criticarnos por defender la preferencia nacional, ya que incluyen la idea de que se puede aplicar. La aplican como mínimo, pero en principio, el concepto está validado», subrayó.

La ley cuestiona también el derecho automático de residencia. Los niños nacidos en Francia de padres extranjeros tendrán que demostrar su «deseo» de ser franceses una vez alcancen la mayoría de edad. Otra de sus cláusulas permite retener a algunos solicitantes de asilo en la frontera, así como retirar el permiso de residencia si no se respetan los «valores de la República». Además, amplía los plazos para la reagrupación familiar, endurece las condiciones para la inmigración estudiantil o por razones médicas y permite a la Asamblea Nacional fijar cuotas anuales de inmigración.

Estas medidas se añaden a las disposiciones iniciales del proyecto de ley, que suprimen la protección contra la expulsión de que gozan algunos extranjeros –en particular los que llegaron a Francia antes de los 13 años–, aceleran la tramitación de las solicitudes de asilo y exigen un nivel mínimo de francés para obtener un permiso de residencia plurianual, un requisito antes reservado a la naturalización.

No entró finalmente en la ley una disposición que suprimía la cobertura sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, el Gobierno de Macron se comprometió a reformar la legislación para principios de 2024 ante la presión de Los Republicanos. Darmanin aseguró que la ley también contenía medidas progresistas. Aludió el ministro del Interior a la concesión del permiso de residencia para aquellos trabajadores sin documentación empleados en ocupaciones con escaso personal y necesitadas de mano de obra. En principio, la regularización sería «de pleno derecho», pero la revisión deja la decisión en manos de los prefectos, representante del Estado en las regiones y departamentos.

¿Cómo ha reaccionado el espacio macronista?

Más allá de los 27 diputados de la mayoría presidencial que votaron en contra y los otros 32 que optaron por la abstención, varios ministros procedentes del ala socialdemócrata del macronismo amenazaron con presentar su dimisión en caso de que el texto definitivo diera por válidas la mayor parte de las premisas formuladas por la derecha y la extrema derecha, como finalmente ha sucedido.

Los titulares de las carteras de Transportes, Clément Beaune, Vivienda, Patrice Vergriete, y Educación Superior, Sylvie Retailleau, amagaron con amotinarse. Ninguno, por el momento, ha renunciado a su cargo. El único que ha dado el paso ha sido Aurelién Rousseau, hasta ahora ministro de Sanidad. Macron dijo respetar su decisión en la entrevista en France 5. «También respeto mucho a todos los diputados de la mayoría que votaron a favor de una ley en la que no les gustaban todas las disposiciones, pero que consideraban una ley útil para el país», remató.

¿Qué amenazas enfrenta la ley?

El Consejo Constitucional, conformado por los más altos magistrados del Estado, podría rechazar algunas de las cláusulas comprendidas en el paquete legislativo. La primera ministra, Élisabeth Borne, no descartó la posibilidad de tener que «reconsiderar» varias. El propio Darmanin reconoció la víspera de la votación en la Asamblea Nacional que varias cláusulas incluidas en la ley «son manifiesta y claramente contrarias a la Constitución». Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Oliver Véran, dejó claro en rueda de prensa que había «cosas en esta ley que no nos gustan, que no le gustan a una parte de la población, y que a mí no me gustan».

Este miércoles, Macron ha anunciado formalmente que presentaría el proyecto de ley al Consejo Constitucional porque considera que algunas disposiciones «no son conformes» con la Carta Magna. «Soy el garante de las instituciones y lo he dicho: creo que podemos proteger al país, dotarlo de este escudo sin cambiar nuestros valores y nuestra Constitución», apuntó.

¿Quiénes son sus principales críticos?

Hollande, que trató de aprobar sin éxito durante su etapa en el Elíseo una medida que privaba de la nacionalidad francesa a los ciudadanos con doble nacionalidad que fueran condenados por terrorismo, ha cargado con dureza contra el Gobierno de Macron: «Cuando los electores de buena fe –y yo fui uno de ellos– que votaron por Emmanuel Macron para dejar a Reagrupamiento Nacional (RN) fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se encuentran con que las propuestas de este partido son ahora leyes de la República, es una humillación».

«Es evidente que RN, que ha vacilado y manipulado, quiere adornarse con las plumas del pavo real. Pero después de décadas de presionar con el concepto de preferencia nacional, la RN ha ganado sin duda la partida en este caso», apuntaba el exmandatario socialista en las páginas de Le Monde.

Para Hollande, así como para muchas otras voces autorizadas, el texto está «redactado al dictado de la derecha republicana y a su vez bajo la influencia de RN». Y dejó más perlas: «El verdadero texto sobre inmigración no es el que se ha discutido en el Parlamento, sino el que se está negociando actualmente a nivel europeo. Esa es la respuesta pertinente. El resto es pose, juego sucio y negación».

La Defensora del Pueblo, Claire Hédon, quien ha expresado su preocupación concreta por la consagración del término «preferencia nacional», denuncia que la legislación «golpea el corazón mismo de los principios de nuestra República». Para la portavoz del Partido Socialista, Dieynaba Diop, así como para muchos otros representantes políticos de la izquierda, la ley de inmigración es «un acelerador para la extrema derecha».