Sin armas contra Maduro

Tras renunciar al revocatorio, la oposición venezolana abre la vía constitucional para destituir al presidente por «abandono del cargo».

Constitucionalmente hablando, hoy 10 de enero era el último cartucho con el que contaba la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para cambiar al Gobierno de Nicolás Maduro y que posteriormente se celebren unas nuevas elecciones presidenciales. Hoy se cumple ese lapso y sea cuál sea el escenario que logre la oposición venezolana en 2017 (revocatorio o renuncia), el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, asumiría las riendas del país hasta que culmine el período presidencial en 2019.

La oposición, en conjunto, propuso a principios de 2016 un referéndum revocatorio en el que se consultara si Maduro debía seguir al frente del poder, pero la iniciativa fue truncada por el Tribunal Supremo de Justicia al suspender el proceso por un presunto fraude en la recogida de firmas. La posibilidad de un «impeachment» (juicio político) o determinación de responsabilidad política por la ruptura del hilo constitucional fue aprobada por el Poder Legislativo a finales de 2016, pero desestimada después de que el Poder Judicial determinara que en la Carta Magna no existe esa figura y que la Asamblea Nacional no tenía competencias para efectuar tal proceso. Además, la vía de las protestas en la calle fue puesta en pausa después de que el Gobierno y la MUD iniciaran en noviembre pasado un proceso de diálogo.

Ayer, la Asamblea Nacional celebró un debate estéril en el que determinaron el abandono del cargo de Maduro por sus malas prácticas gubernamentales, pero, minutos antes de que se diera la discusión, el Supremo (TSJ) determinó que el Parlamento no tiene competencias para destituir al presidente. La oposición ya había previsto la jugada, pero siguieron adelante con la propuesta para que no quedara como una omisión legislativa.

«Con el firme propósito de mantener la paz, el orden constitucional y la estabilidad democrática de la nación, invoca el contenido de la sentencia número 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016, en la cual, conforme al artículo 336 constitucional y a su jurisprudencia, se ordenó a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales». Adicionalmente la referida sentencia destaca especialmente la prohibición a los diputados y diputadas de ‘convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico», reza la decisión emitida por el TSJ, que limita el accionar parlamentario.

Sube un 50% el salario mínimo

La nueva gran apuesta de la oposición es la celebración de elecciones generales, bien sea por la vía del diálogo promovida por el Vaticano (en el que no se sentarán hasta que el Gobierno cumpla varios acuerdos) o por la redacción de una nueva Constitución, en la que se renueven todas las autoridades del país (presidente, alcaldes, gobernadores, diputados), según propuso el nuevo presidente de la AN, Julio Borges. «Se exige una salida electoral para que sea el pueblo venezolano el que con el voto pueda solucionar la grave crisis política, económica y social que estamos atravesando», afirmó el parlamentario.

No obstante, todos esos escenarios son ajenos a Maduro, quien culminó el año 2016 en el poder y desde ya hace sus apuestas por recuperar popularidad con el más reciente incremento de 50% del salario mínimo en Venezuela. La medida fue criticada por voceros de la MUD, que consideran que en un país donde no se conocen los índices de inflación, los bienes y servicios seguirán aumentando sin control.

También del lado del Gobierno, Diosdado Cabello, el «número dos» del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que los diputados de la MUD podrían ser juzgados por declarar el «abandono de cargo» del presidente.