Reino Unido revisará la normativa tras la demanda del líder del Grupo Wagner contra el periodista que le destapó

El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que está “considerando cambios en el sistema” que permitió al jefe del Grupo Wagner eludir las sanciones del Reino Unido para demandar al periodista británico que destapó su implicación en el sangriento batallón de mercenarios rusos.

Yevgeny Prigozhin es hoy es uno de los miembros más poderosos de la corte de Vladimir Putin. Oficialmente es el Chef del Kremlin. Pero su papel clave es la dirección del Grupo Wagner, la organización paramilitar fundada en 2014 que ofrece sus servicios a los dictadores de todo el mundo, como una valiosa herramienta de política exterior `no oficial´ de Moscú. En los últimos meses, dado que las fuerzas rusas han sufrido importantes reveses en Ucrania, las unidades de Wagner se han convertido en una parte cada vez más importante de la invasión.

Aunque antes del inicio de la guerra en febrero del año pasado, Prigozhin ya había sido sancionado en Estados Unidos y Europa por sus actividades delictivas. Entre otras, por dirigir las `granjas de trolls rusas´ que difundieron desinformación e interfirieron en la campaña electoral presidencial de 2016 (donde ganó Donald Trump) y las elecciones al Congreso de 2018. Las mismas `granjas de trolls´ fueron también acusadas de interferir en el referéndum del Brexit de 2016.

Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido le autorizó una licencia especial que le ayudó a eludir estas sanciones para lanzar un ataque legal por supuesta difamación contra Eliot Higgins por las revelaciones publicadas en su web Bellingcat, sobre las operaciones en la sombra del Grupo Wagner. La batalla legal tuvo lugar en 2021. El caso colapsó en marzo de 2022. Pero es ahora cuando la web independiente openDemocracy lo ha sacado a la luz, planteando serias preguntas sobre el sistema legal británico.

El bufete de Londres que trabajó con los abogados rusos de Prigozhin fue Discreet Law y consiguió un permiso del Gobierno para que, pese a las sanciones, el oligarca pudiera iniciar su batalla en los tribunales. Estos permisos sólo pueden ser aprobados por un departamentopoco conocido dentro del Tesoro, llamado Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), para que las personas puedan tener derecho a representación legal cuando sea necesario. En este momento, al frente de este ministerio estaba Rishi Sunak, actual inquilino de Downing Street, lo que le coloca en una situación bastante complicada.

El objetivo de la defensa del oligarca era aplicar las llamadas ‘Slapps’ (demandas estratégicas contra la participación pública), donde los mega ricos explotan procedimientos legales largos y costosos para acallar a aquellos que investigan lo que no conviene que se sepa. La herramienta ha sido denunciada en varias ocasiones por activistas, ya que la consideran clave en los procesos de lavado de dinero, extraordinariamente fáciles dicho sea de paso en el Reino Unido.

El secretario del Tesoro, James Cartlidge, aseguró este miércoles en la Cámara de los Comunes que la guía para estas exenciones era “de larga data”, pero dijo que el Gobierno “ahora está considerando si este enfoque es el correcto y si se pueden hacer cambios”. Por su parte, un portavoz del Tesoro añadió que estas solicitudes son revisadas por funcionarios sin implicación política.