Starmer se juega su futuro con los presupuestos generales

El premier Keir Starmer afronta este miércoles el tipo de prueba que derriba gobiernos. Un Presupuesto que nació como un ejercicio técnico de consolidación fiscal se ha convertido en un plebiscito sobre su liderazgo, la autoridad de su ministra del Tesoro y la propia estabilidad del Partido Laborista. Tras meses de rectificaciones, tensiones internas y señales de fatiga en Downing Street, el Ejecutivo llega a la cita con la sensación de que cualquier error puede desencadenar un movimiento sísmico en Westminster.

La responsable del Tesoro, Rachel Reeves, presentada durante años como la economista sólida que blindaría la reputación fiscal del laborismo, se juega tanto como su primer ministro. Y el partido lo sabe: esta vez no basta con aprobar unas cuentas; hay que demostrar que el equipo que ganó con mayoría aplastante en 2024 siendo capaz de gobernar, ante las críticas de aquellos que consideran que ha perdido la narrativa y lo único que hace es bailar al son del populismo de la derecha radical de Nigel Farage, quien con apenas cuatro diputados, está determinando la agenda.

La canciller instó a los diputados a “mantenerse juntos” si quieren ganar las próximas elecciones y les advirtió de que este miércoles no habrá espacio para tibiezas. Lo dijo con una metáfora que no pasó desapercibida. “O se apoya o se pierde”, recalcó en lo que se ha interpretado como una manera de anticipar que el Presupuesto contendrá medidas impopulares, incluidas subidas de impuestos que tensarán la disciplina partidaria.

Pero la reacción interna dejó claro que el respaldo no está garantizado. Un diputado describió su intervención como “fuerte y honesta”, mientras otro la calificó sin rodeos de “desesperada”. Y horas después llegó el golpe simbólico: tres diputados laboristas asistieron a una protesta exigiendo la implantación de un impuesto a la riqueza, flanqueados por el líder del Partido Verde, Zack Polanski. El mensaje era evidente: la izquierda del partido no piensa tragarse sin más el giro fiscal de Reeves ni concederle un cheque en blanco.

El problema de fondo es que en apenas doce meses, la figura de Reeves ha dejado de ser el activo más sólido del Gobierno para convertirse en una fuente constante de desgaste. Sus rectificaciones públicas —especialmente la marcha atrás en el recorte del subsidio de calefacción invernal— han erosionado su autoridad. Y la sospecha de que planeaba romper la promesa del manifiesto electoral y subir el impuesto sobre la renta abrió grietas internas que el entorno de Starmer no ha conseguido sellar. El Tesoro insiste ahora en que esa subida está descartada, pero la idea ha quedado flotando en el ambiente, alimentando dudas sobre la credibilidad del Gobierno.

El contexto fiscal tampoco ayuda. Reeves necesita encontrar unos 20.000 millones de libras para cumplir con sus propias reglas fiscales: reducir la deuda y recortar el endeudamiento. Para ello estudia una batería de medidas menores pero acumulativas: limitar las desgravaciones en las pensiones (2.000 millones de libras), recortar la exención en las cuentas ISA (con ventajas fiscales), gravar vehículos eléctricos, imponer un impuesto a las viviendas de alto valor o reducir los beneficios del programa Cycle to Work. Ninguna de estas medidas es popular. Todas juntas pueden inflamar a varios sectores.

La patronal está inquieta. La directora de la Confederación de la Industria Británica, Rain Newton-Smith, advirtió contra “una muerte por mil impuestos” y reclamó valentía para “tomar dos decisiones difíciles en lugar de veinte sencillas”. Desde la oposición, los conservadores han logrado fijar el marco narrativo asegurando que este miércoles demostrará si los laboristas vuelven a “meter la mano en los bolsillos de la gente trabajadora”. Y los Liberal Demócratas han acusado directamente al Gobierno de “hipocresía”, por aplicar el mismo congelamiento de los umbrales fiscales que Reeves denunció en su día como una estafa de los tories.

Para Starmer, la situación es aún más delicada. Su liderazgo está bajo un escrutinio feroz. La percepción de que el Gobierno no tiene un rumbo claro ni un relato coherente agrava la crisis. Reeves, considerada durante un tiempo su heredera política natural, se ha convertido paradójicamente en su mayor vulnerabilidad. Si el Presupuesto fracasa en su objetivo de proyectar solvencia, unidad y dirección, las voces que cuestionan la continuidad del primer ministro no tardarán en sonar más alto.

En circunstancias normales, un primer Presupuesto completo serviría para marcar una hoja de ruta económica. Pero este no es un momento normal. El Gobierno no solo presentará números: se juega su credibilidad, su narrativa y quizá su futuro.