La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte continúa desangrando Filipinas con total impunidad, con una media de 27 ejecuciones extrajudiciales diarias y miles de “daños colaterales”, que incluyen un centenar de menores atrapados en el fuego cruzado.

Filipinas podría enfrentarse a una investigación de la ONU por supuestos delitos de lesa humanidad producidos a causa de la guerra contra las drogas ya interminable en el país. Estos son los datos que nos deja Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre los abusos de esta letal campaña.

Con más de 27.000 asesinatos en tres años -aunque la Policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga-, todavía no ha habido “una rendición de cuentas significativa” por parte de funcionarios del Gobierno, denunció hoy la organización AI. “La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala”, indicó el director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.

El nuevo informe de AI advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales, que son el “modus operandi” generalizado en las redadas antidroga, en las que “la Policía mata impunemente a los más pobres”. “Las víctimas a menudo figuran en listas fabricadas con los nombres de sospechosos vinculados a las drogas, que en la práctica son listas de personas a las que matar, al margen de cualquier procedimiento legal”, apuntan.

El representante de AI en Filipinas, Butch Olano, señaló en declaraciones a EFE que el 78% de los filipinos confesó tener miedo de convertirse en una víctima de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el 67% opina que la Policía es la responsable, según una encuesta reciente que refleja el “clima de miedo, agonía emocional, miseria y pérdida de esperanza” que reina en el país. Unos datos que a nadie dejan indiferente.

Según AI, el campo de batalla de la guerra contra las drogas se ha trasladado de Manila a la provincia de Bulacan (a unos 50 kilómetros al norte de la capital) donde solo en 2018 se registraron más de 500 asesinatos, en silencio y lejos del foco mediático y la escalada de asesinatos en la provincia coincide con el nombramiento en abril de 2018 del superintendente Chito Bersaluna como jefe provincial de la Policía en Bulacan, después de dirigir el cuerpo en el distrito de Caloocan, al norte de Manila, donde los primeros meses de la campaña fueron especialmente sangrientos.

Bajo su mando en Caloocan, en agosto de 2017 se produjo el asesinato a sangre fría de Kian de los Santos, de 17 años, cometido por tres agentes condenados un año después a 40 años de prisión, la única condena sobre los abusos de la campaña en tres años. Un caso que levantó ampollas en la zona y causó una fuerte conmoción popular ya que todo el país vio su asesinato al quedar grabado por unas cámaras de seguridad. Un caso similar a lo que está ocurriendo con el homicidio de Kateleen Myca Ulpina, con tan solo tres años, el pasado 29 de junio en la provincia de Rizal, en un operativo que iba dirigido a su padre. “Esas mierdas pasan”, fue la respuesta del senador Roland “Bato” de la Rosa, ex director de la Policía Nacional y arquitecto de la guerra contra las drogas, a la muerte de la pequeña, considerada un “daño colateral” de la campaña.

Tanto Amnistía Internacional, como Human Rights Watch (HRW) anteriormente, han instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir una investigación “independiente e imparcial” sobre las violaciones de derechos en Filipinas. Aun así, parece que la delincuencia y la sangre continúan gozando de salud en el país.