El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, solicitó ayer a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán. El grupo fundamentalista recuperó el poder en el país de Asia Central en el mes de agosto de 2021 casi dos décadas después de haber sido derrocados por las fuerzas de la OTAN.

El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”, así como “más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

“La interpretación de la sharía por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado del TPI)”, alertó ayer el fiscal a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, añadió además el fiscal.

En 2020, la fiscalía del TPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte del TPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras el regreso a Kabul de los talibanes, la Fiscalía retomó el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán. El fiscal solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico en la región (Estado Islámico del Gran Jorasán), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

Desde su recuperación del poder tras una fulgurante operación estratégica, la etapa 2.0 de los talibanes afganos ha estado marcada por la discriminación de la población femenina, como preveían los especialistas. En marzo de 2022 el régimen insurgente prohibió a las niñas entrar en la escuela secundaria. Dos meses después, las autoridades obligaban a mujeres y niñas a usar «hiyab» y cubrir sus rostros en público, empezando por las periodistas (el régimen ha expulsado prácticamente de la profesión a las mujeres). En diciembre de aquel año la nueva dictadura talibán vetaba a las mujeres la posibilidad de asistir a la Universidad.

Además, el Emirato Islámico de Afganistán prohíbe desde los primeros meses de su existencia a las mujeres hacer viajes largos y la compañía masculina. La Policía religiosa las insta a quedarse en casa. Han perdido prácticamente toda posibilidad de trabajar en el sector público, por supuesto han salido de la política, y a quienes se resisten a abandonar sus puestos de trabajo el Estado les otorga una pequeña partida de dinero para que no acudan a ellos.

Como era previsible, a pesar de sus promesas iniciales de inclusión y moderación, los insurgentes han implantado un régimen teocrático gobernado a partir de una interpretación estricta de la sharía o ley islámica, esto es, las mismas líneas ideológicas de su anterior experiencia en el poder (1996-2001).

El pasado mes de diciembre, los fundamentalistas anunciaban que las mujeres dejaban de tener la posibilidad de estudiar en instituciones sanitarias. Desde finales del año pasado, las afganas tampoco pueden ser ya matronas, dentistas o enfermeras. La decisión tuvo el sello del líder supremo, el misterioso Haibatullah Akhundzada.

Según Unicef, el último castigo -por ahora- a las afganas supondrá “otro golpe devastador para los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán”. El organismo avisaba entonces además de que la falta en el futuro de profesionales sanitarias femenina elevará inevitablemente la mortalidad en el país.