Un mes sin poder regresar a Reino Unido por el Brexit

María, una española de 34 años, se ha convertido en la última víctima del Brexit tras haber sido expulsada de Reino Unido, país donde reside, cuando regresaba tras las vacaciones de Navidad. Pese a presentar los papeles oficiales que demostraban que tenía derecho a vivir y trabajar en suelo británico tras el histórico divorcio, los agentes de fronteras le dijeron que estaba «perdiendo el tiempo» y tras pasar una noche detenida en el aeropuerto de Luton, la metieron en un avión de vuelta a España.

El episodio –que ocurrió el 26 de diciembre según «The Guardian»- pone de relieve los problemas a los que se siguen enfrentando los comunitarios cuando se cumplen ahora tres años de la salida a efectos prácticos de Reino Unido de la UE. «Este no es un caso aislado. El número de comunitarios rechazados en la frontera se ha cuadruplicado en los últimos años y representa alrededor del 60% del total de denegaciones. Asimismo, más de 140.000 personas están esperando aún respuestas atrasadas del Ministerio del Interior a su solicitud para regular su situación en riesgo de que se les niegue la entrada al país cuando viajan», asegura a este diario Andrea Dumitrache, portavoz de «The 3 million», organización que vela por los derechos de los comunitarios. «Se trata de una implementación desproporcionada de las reglas. Es un sistema hostil», matiza.

María (nombre ficticio) vive con su marido y sus suegros en Bedfordshire (este de Inglaterra). Cuando el mes pasado su hermana dio a luz, viajó a España cuatro días para poder conocer a su sobrina. Pero al aterrizar de vuelta en el aeropuerto de Luton la llevaron a una sala, le quitaron sus pertenencias –incluido el teléfono– y la dejaron allí toda la noche. Al día siguiente, la subieron a un avión de regreso a España y le advirtieron de que no intentara entrar en Reino Unido durante un mes. «Se suponía que debía volver al trabajo, pero ahora mi vida se ha ido al traste. Todas mis cosas están en Reino Unido: mi perro, mi coche. Estaba estudiando para enfermería veterinaria, que era mi sueño. Pero si intento volver, será aún peor», dice a «The Guardian».

María había presentado en 2023 una solicitud tardía para regular su situación. Fue rechazada en junio por no haber aportado pruebas suficientes, pero pidió una revisión y tenía un certificado de Interior donde le aseguraban que «podía trabajar en Reino Unido» hasta que recibiera una respuesta. «Podría haberles dicho que era un turista [se permite hasta seis meses], pero no lo soy y no tengo nada que ocultar y se lo dije. Estoy esperando la decisión de la apelación y por eso sigo trabajando», dijo.

La funcionaria de fronteras –que casualmente también la había detenido en agosto, pero la dejó pasar los controles después de consultar con su compañero– le dijo que el papeleo no era válido, contradiciendo así la información detallada en los documentos de Interior.

María vivió en Reino Unido desde 2014 hasta 2018. Había regresado recientemente después de un período en Suráfrica, donde su esposo estaba completando su doctorado. Como a muchos otros, los confinamientos por la covid habían impedido adelantar la vuelta. Según las normas, le permitieron presentar una solicitud tardía para regular su situación, pero debe demostrar que su salida de Reino Unido no fue tan larga como para invalidar sus derechos, según recoge el acuerdo de retirada sellado entre Londres y Bruselas.

La Policía Fronteriza negó la entrada a María alegando que su «solicitud de EUSS [plan de asentamiento de la UE] ha sido rechazada» y «ya no tiene el derecho de admisión a Reino Unido». Sin embargo, María, que ahora está recibiendo asesoramiento legal, rechaza esta versión, argumentando que su certificado de solicitud deja claro su derecho a trabajar en Reino Unido mientras su caso se está revisando.

Los comunitarios que podían probar que estaban residiendo en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 tuvieron un «periodo de gracia» hasta el 30 de junio de 2021 para legalizar su residencia tras el Brexit y mantener, entre otros, el acceso a la sanidad pública. Aquellos que llevaran cinco o más años debían solicitar el llamado Settle Scheme (Estatus de Asentamiento). Eso sí, cada vez que cambien de dirección, renueven pasaporte o tengan cualquier cambio en sus datos personales, deben notificarlo. Y si están fuera del país durante cinco años, desaparecen básicamente del sistema.

Por otra parte, aquellos que llevaran menos de cinco años, tenían que solicitar el preestatus y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera del país durante seis meses ya no son candidatos para conseguir luego el asentamiento.