Honduras se acerca a un punto de inflexión. Con una tasa de entre 20 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes y una media de seis asesinatos diarios, el país continúa entre los más violentos de América Latina. A esto se suman más de 26.500 denuncias por violencia doméstica, más de 90 femicidios y unos 250.000 hondureños desplazados por la presión criminal. Un cuadro complejo que expone un modelo de seguridad agotado, sostenido por un estado de excepción extendido desde 2022 sin resultados y con efectos preocupantes sobre la institucionalidad.

En este contexto, la propuesta de seguridad de Salvador Nasralla irrumpe como un giro radical y necesario. No se trata de una operación de marketing político, sino de un replanteamiento profundo del rol del Estado y de la forma en que un país puede recuperar el control territorial. El consultor político del candidato liberal indicaba a los medios locales que «lo señalé con claridad en mis recomendaciones estratégicas en Argentina y Brasil: la seguridad no se improvisa; se diseña, se ejecuta y se evalúa con la frialdad de la técnica y la firmeza del liderazgo político». Ese mismo enfoque es el que hoy demanda Honduras.

El primer pilar del plan de Nasralla es la modernización tecnológica. Propone un sistema nacional de videovigilancia con reconocimiento facial, botones de pánico y un Centro de Monitoreo que integre información policial, penitenciaria y de movilidad. Este enfoque no es teórico. En Argentina, la implementación del Sistema Federal de Identificación Biométrica cambió la manera de investigar delitos y permitió arrestos en tiempos récord.

Nasralla plantea una reforma profunda de la Policía Nacional, desde los mandos hasta la relación con los barrios. Sugiere aumentar el número de agentes, depurar a quienes estén vinculados con la extorsión –una denuncia que él mismo ha puesto sobre la mesa con valentía– y desarrollar una policía comunitaria que viva donde patrulla. Cuando en Argentina se impulsó el modelo de proximidad con control civil, las mejoras en denuncias y convivencia fueron inmediatas. La reconstrucción de la confianza entre ciudadanía y Policía no es un lujo; sino un requisito mínimo para que la seguridad funcione.

Quizás el punto más crítico del plan sea la intervención del sistema penitenciario. Nasralla ha descrito lo que todos saben, pero pocos se animan a decir: las cárceles hondureñas están controladas en buena parte por redes criminales que deciden custodios, directores e incluso jueces. Su propuesta de instalar administradores certificados, eliminar privilegios y establecer trabajo obligatorio con reducción de pena por productividad refleja prácticas que se aplican hoy con éxito en unidades penitenciarias argentinas. Convertir cárceles en centros productivos no es un ideal, es un mecanismo comprobado para recuperar el control interno y reducir la reincidencia.

La seguridad no será sostenible si no se ataca la narcopolítica y la captura del Estado por redes criminales. Nasralla propone instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, con independencia plena; una medida largamente postergada por falta de voluntad política. También plantea continuar y fortalecer la extradición de narcotraficantes y funcionarios corruptos, algo esencial para desmontar el sistema de impunidad.

Como ejemplo, en Argentina, la trazabilidad obligatoria en la obra pública permitió cortar fugas millonarias. Honduras podría frenar, por primera vez, el drenaje que Nasralla resume como: «Los corruptos se roban una cuarta parte del presupuesto nacional”.

Finalmente, su propuesta de crear una fuerza de élite formada en el exterior, enfocada en secuestros, crimen organizado y narcotráfico, apunta a cerrar el círculo estratégico. Sin una unidad especializada, ningún país puede enfrentar organizaciones que operan con financiación internacional y estructuras paramilitares.

Un punto que marca la diferencia es que Nasralla ya se reunió personalmente con los arquitectos del plan de seguridad implementado por Nayib Bukele en El Salvador. No para replicarlo ni «importar» un modelo ajeno, sino para comprender su diseño estratégico, su mecánica de control territorial, su matriz de inteligencia y su arquitectura operativa.

Nasralla busca adaptar lo que funciona, no repetir lo que no encaja con la realidad hondureña. Como todo liderazgo serio, se nutre de experiencias regionales exitosas, pero mantiene la brújula del respeto institucional y la construcción de un modelo propio.

Esta visión comparada, informada y profesional es exactamente lo que diferencia a un estadista de un improvisado.

El plan de Nasralla no es una copia, ni un eslogan, ni un anhelo voluntarista. Es un cambio de paradigma basado en la evidencia, en prácticas que ya funcionaron en otros países (incluida Argentina, Brasil y El Salvador) y en un principio esencial: la seguridad es una política de Estado, no un arma electoral. En las elecciones del 30 de noviembre, Honduras se juega la posibilidad real de recuperar la paz, el orden y el futuro. Y, para eso, se necesita un liderazgo que combine visión, coraje y técnica.