Pekín amenaza a Biden con «medidas decididas» si firma la ley que pretende contrarrestar la desinformación china sobre el Tíbet

Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos aterrizó el martes en la India para reunirse en las próximas horas con el dalái lama, el líder espiritual del Tíbet exiliado desde hace seis décadas en la ciudad himalaya de Dharamsala, en el estado alpino de Himachal Pradesh. La visita de los legisladores estadounidenses se produce unos días antes de que el monje tibetano, de 88 años, viaje a Estados Unidos para recibir tratamiento médico en las rodillas.

Encabezado por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el republicano Michael McCaulis, e integrado por la antigua speaker de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, el grupo anunció que la Casa Blanca pretende presionar a la China de Xi Jinping tras la aprobación en el Congreso y el Senado de un proyecto de ley para resolver el conflicto territorial del Tíbet, estancado desde 2010.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aspira a que Pekín atienda las demandas del pueblo tibetano relacionadas con su identidad histórica, cultural, religiosa y lingüística. «Estamos muy emocionados de ver a Su Santidad mañana para hablar de muchas cosas, incluida la ley que acabamos de aprobar en el Congreso y que básicamente dice que Estados Unidos de América está con el pueblo del Tíbet», expresó McCaul a su llegada a la India. El legislador republicano presentó la ley conocida como ‘Resolve Tibet Act’ que, según garantizó, contará en las próximas semanas con la firma de Biden.

China, que considera al dalái lama un peligroso líder separatista, advirtió a Biden de que respondería con «medidas decididas» en caso de que estampara su rúbrica sobre un proyecto que pretende, entre otras cuestiones, destinar fondos para contrarrestar la «desinformación» de Pekín sobre la historia, el pueblo y las instituciones del Tíbet.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, reconoció en rueda de prensa su «seria preocupación» por el encuentro entre los legisladores estadounidenses y el líder espiritual tibetano, explicó que el decimocuarto dalái lama «no es una figura religiosa pura, sino un exiliado político comprometido en actividades separatistas antichinas bajo el manto de la religión», y dijo que no admitirían injerencias extranjeras en un territorio que consideran suyo. «Instamos a la parte estadounidense a que cumpla sus compromisos de reconocer Xizang como parte de China», zanjó Lin, aludiendo a la denominación utilizada por el Gobierno chino para el Tíbet.

Lhamo Dondhup, nombre original del decimocuarto dalái lama, huyó junto a miles de compatriotas a la India a principios de 1959 tras la dura represión china contra el fallido levantamiento popular de Lhasa, capital del Tíbet. Nació el 6 de julio de 1935 en Taktser, en el Tíbet oriental, donde a los dos años de edad se convirtió en cabeza espiritual de su pueblo al ser reconocido como la reencarnación de su predecesor. Aunque el religioso budista ha dicho que espera vivir más de 100 años, la incógnita de su sucesión, que de acuerdo con la tradición budista debe ocurrir en el Tíbet a través de su «reencarnación», sigue marcando los últimos años de su legado.

La política exterior de Washington establece que el Tíbet no sólo abarca la región autónoma acotada por Pekín, sino que se extiende por algunas zonas de las provincias de Gansu, Qinghai, Sichuan y Yunnan. Según el diario hongkonés South China Morning Post, el proyecto de ley sobre el Tíbet aprobado en sendas Cámaras legislativas de Estados Unidos refuta la afirmación de Pekín de que el Tíbet ha formado parte de China desde la antigüedad, y reafirma que la disputa sobre el estatus del Tíbet no está resuelta. El portavoz de Exteriores chino, en cambio, defendió que la región atraviesa un periodo de armonía y estabilidad, gracias a la evolución de la economía y las políticas de Pekín.

Estados Unidos aprobó en 2019 la llamada Ley de Política y Apoyo Tibetana, que recoge que la elección del dalái lama incumbe «únicamente a la comunidad budista tibetana» e incluye la posibilidad de imponer sanciones a altos cargos chinos que traten de nombrar al futuro dalái lama, algo considerado por Pekín como una «injerencia» en sus asuntos internos.