El portazo definitivo de Portugal a la inmigración: la nueva y dura ley que permitirá hasta quitar la nacionalidad

Portugal se dispone a cerrar una de sus puertas más simbólicas. La vía que permitía obtener la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes, concebida en su día como una reparación histórica por su expulsión en el siglo XV, será eliminada por completo con la nueva ley. Este gesto es el primer aviso de un cambio de rumbo mucho más profundo, donde una reparación histórica será eliminada para dar paso a una política de mayor control.

De hecho, esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan de reformas de gran envergadura. El nuevo Gobierno conservador de Luís Montenegro, que para gobernar depende del apoyo parlamentario de la ultraderecha de Chega, ha presentado un proyecto para endurecer drásticamente su política migratoria, agilizar las deportaciones y restringir de forma notable el acceso a la ciudadanía.

En esta misma línea, el Ejecutivo luso pretende acabar con un mecanismo de regularización muy extendido hasta la fecha. Los inmigrantes que lleguen al país vecino con un visado de turista ya no podrán normalizar su situación, una práctica que era especialmente común entre los ciudadanos brasileños y que permitía regularizar a miles de personas que buscaban una oportunidad laboral.

Nuevos filtros económicos y requisitos más duros para residir

Por otro lado, el acceso a la ciudadanía portuguesa se complicará con la introducción de nuevas barreras económicas. Los solicitantes tendrán la obligación de demostrar que cuentan con medios de subsistencia propios y estables, garantizando así que no suponen una carga para las arcas públicas ni dependerán de los subsidios del Estado una vez obtenida la nacionalidad.

Asimismo, el cerco se estrecha para las familias y los profesionales que aspiren a instalarse en el país. Los hijos de inmigrantes nacidos en suelo portugués solo podrán optar a la nacionalidad si al menos uno de sus progenitores demuestra haber residido legalmente durante cinco años. A su vez, la concesión de visados para buscar empleo se limitará a perfiles cualificados, cerrando la puerta a otro tipo de trabajadores.

La reforma culmina con una de sus disposiciones más severas: la potestad de los tribunales para revocar la nacionalidad ya concedida a aquellas personas que hayan cometido delitos graves. Se trata de un paquete legislativo que transforma por completo el marco legal sobre inmigración y alinea a Portugal con las corrientes más restrictivas que ganan terreno en el resto de Europa.