Rusia aprueba una ley para perseguir a los agentes extranjeros aunque estén fuera del país

La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó este martes un proyecto de ley extraterritorial que penará administrativamente las actividades de las personas físicas o jurídicas declaradas "agentes extranjeros" llevadas a cabo fuera del país.

"Alrededor del 40 % de los agentes extranjeros se marchó del país. Hemos previsto la posibilidad de juzgarlos aunque estén en el extranjero", comentó a la agencia rusa Interfax el diputado ruso Vasili Piskariov, presidente de la comisión parlamentaria para la investigación de la injerencia extranjera en Rusia.

En la actualidad el Ministerio de Justicia ha incluido en la lista de agentes extranjeros a más de 50 organizaciones que según las autoridades rusas "cumplen activamente con encargos del enemigo" en las esferas de la docencia y la educación, según informó Piskariov. La norma, aprobada hoy en tercera y definitiva lectura, permitirá juzgar en ausencia a personas consideradas agentes extranjeros que estén fuera del país.

Además, las enmiendas aprobadas hoy prevén recrudecer los castigos por la falta de identificación de los materiales de los "agentes extranjeros", con multas de 30.000 a 50.000 rublos (383-638 dólares) para personas físicas y de 300.000 a medio millón de rublos (3.827-6.378 dólares) para personas jurídicas.

Se trata de un incremento considerable, ya que anteriormente las multas previstas eran de entre 500 a mil rublos (6,4 a casi 13 dólares) para personas físicas y de 2.000 a 4.000 rublos (26 a 51 dólares) para las personas jurídicas. Piskariov señaló que algunos agentes extranjeros "identifican sus materiales de modo incorrecto (...) o incluso promueven medios afines" con el fin de "caldear la situación político-social" de Rusia.

La estancia de las personas imputadas en el extranjero no les permitirá evadir el castigo, ya que las multas serán cobradas de las cuentas de los agentes extranjeros abiertas en bancos rusos, señaló el diputado.

La ley sobre agentes extranjeros, inicialmente aprobada en 2012, se fue recrudeciendo en los últimos doce años con imposiciones como el registro de este estatus; la obligación de incluir información sobre esta condición en todas las publicaciones; la prohibición de participar en elecciones y en las compras estatales; recibir ayudas estatales o incluso firmar contratos con las Fuerzas Armadas.