Crisis en Egipto

Una ley para proteger a los militares

Militares desafiantes en la plaza de Raaba donde se reunieron los seguidores del presidente islamista Mursi /Foto: Efe
Militares desafiantes en la plaza de Raaba donde se reunieron los seguidores del presidente islamista Mursi /Foto: Efelarazon

En julio el Parlamento aprobó una ley que otorga al presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi el derecho a conceder inmunidad a militares por crímenes cometidos cuando la Constitución estaba suspendida (entre el 3 de julio de 2013 y el 10 de enero de 2016, durante la masacre). ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas de la ley de inmunidad?

Antes de esta ley hubo puntuales sentencias judiciales por varios crímenes cometidos por las Fuerzas de Seguridad, el Ejército y oficiales del Gobierno desde 2011 [cuando estalló la Primavera Árabe]. Las principales novedades de esta ley es que hace de esta falta de enjuiciamiento una regla, en lugar de una mera práctica, y que permite al presidente elegir quién está protegido contra el enjuiciamiento, habilitando un sistema que permite a algunos oficiales militares que puedan ser recompensados por su «lealtad» y otros «castigados»,

por ejemplo.

¿Por qué se ha decidido aprobar ahora?

Es imposible saber exactamente por qué se ha aprobado la ley en este preciso momento, pero no hay duda de que muchos oficiales involucrados en los acontecimientos [sucedidos] durante el período de transición de Egipto temen ser considerados responsables por los crímenes cometidos. Uno de los mensajes clave que el presidente egipcio Al Sisi intenta dar a esos oficiales es que puede protegerlos, pero que también puede castigarlos.

La ley garantiza inmunidad para los oficiales desplegados también en el extranjero. ¿Es un intento de evitar la aplicación del principio de justicia universal?

Es probable que el intento de otorgar inmunidad diplomática a algunos oficiales sea un intento de protegerlos de los procesamientos en el extranjero. Sin embargo, la cuestión de si esta inmunidad es realmente reconocida por otro tribunal de justicia depende, entre otros factores, de la voluntad política, la interpretación legal y la gravedad del delito. En este sentido, las declaraciones generales de inmunidad no pueden proteger a una persona de ser procesada por el más grave de los crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad.

¿La medida pone de relieve que los militares son conscientes de los crímenes cometidos durante el período de transición?

No cabe ninguna duda de que el Ejército, las Fuerzas de Seguridad y los oficiales del Gobierno son muy conscientes de las violaciones perpetradas durante ese período. Esta circunstancia no solo queda patente por el hecho de que esta ley otorga inmunidad para ese período, sino que [además] estas violaciones de derechos humanos fueron documentadas en detalle a través de las redes sociales, los medios de comunicación y los comités e informes de investigación [posteriores]. Por lo que hay pruebas de que existieron.