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Uruguay podría convertirse el 12 de agosto en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia
El Senado debate una ley que busca garantizar el derecho a una muerte digna bajo estrictos criterios éticos y médicos

Uruguay está a punto de convertirse en un referente regional en derechos individuales con la posible aprobación de una ley de "muerte digna" que transformaría el panorama legal latinoamericano. La iniciativa, impulsada principalmente por el diputado Federico Preve Cocco y aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 16 de julio con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, establece criterios rigurosos para garantizar tanto la voluntad del paciente como los principios éticos médicos. Tras superar varias propuestas de modificación, incluida la creación de un comité de garantías, el texto consensuado avanza ahora al Senado, donde se espera una decisión definitiva el próximo martes 12 de agosto.
La propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad uruguaya, dividida entre quienes defienden el derecho a una muerte digna y quienes expresan objeciones por motivos éticos o religiosos. El gobierno ha subrayado la importancia de ofrecer alternativas a quienes padecen dolores extremos y no encuentran alivio en los tratamientos convencionales. Además, se han establecido estrictos protocolos para garantizar que la eutanasia solo sea aplicada a quienes cumplan con criterios claros, asegurando un proceso seguro y respetuoso.
De aprobarse, Uruguay seguiría así los pasos de Colombia y México, los únicos países en la región que actualmente permiten la eutanasia bajo ciertas condiciones. Esta medida refleja una tendencia global hacia la ampliación de derechos relacionados con el final de la vida, impulsada por movimientos sociales y expertos en bioética. Sin embargo, la discusión también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los servicios de cuidados paliativos y el acompañamiento psicológico para pacientes y familias.
Mientras el Senado se prepara para votar, organizaciones sociales y grupos religiosos continúan movilizándose en ambos sentidos, lo que mantiene la atención pública sobre este tema sensible y complejo. Sea cual sea el resultado, el debate en Uruguay marca un hito en la región y abre la puerta a futuras discusiones sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y muerte.
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