Alaya desmonta el recurso de la Junta y le reprocha que actúe como defensa

Sevilla- La magistrada instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha respondido con contundencia al recurso de la Junta contra la imputación de una veintena de cargos en el que la acusaba de «subvertir el Estado democrático» y de no argumentar las mencionadas imputaciones.

Alaya, en un auto fechado ayer consultado por LA RAZÓN, desmonta uno por uno los argumentos del Gobierno andaluz y mantiene para el jueves la declaración del interventor general entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. Entre líneas aprovecha la juez para lanzar duras críticas al Ejecutivo autonómico, como su «posición más propia de defensa que de acusación particular», «lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía».

Respecto a la falta de concreción en las imputaciones, responde la juez asegurando que «en la fase de diligencias previas en la que nos encontramos, no está previsto un auto a modo de juicio de imputación como pretende la Junta». «Es en la primera comparecencia de cada imputado –abunda– cuando se expresa por el órgano instructor un relato pormenorizado de hechos punibles y una calificación penal provisora». El auto, por el que la juez imputa a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 cargos y ex cargos de la Junta, «no tiene más virtualidad –señala– que informarles con carácter general de los hechos sobre los que serán interrogados y sobre todo instruirles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Los argumentos van en la misma línea que se ha expresado ya la Fiscalía Anticorrupción.

El segundo bloque argumentativo de la juez se refiere al uso de la polémica figura de la transferencia de finanaciación. La Junta señaló en su recurso que «la Consejería de Empleo no adoptó la transferencia de financiación porque sí, sino porque lo ordenaba la Ley de Presupuestos». La transferencia de financiación es la madre de las irregularidades, fue la que propició que los pagos de ayudas y subvenciones se desviaran a un ente instrumental –IDEA, antes IFA– y que, por tanto, la Intervención General –en palabras del que fuera su máximo responsable durante una década– no pudiera «fiscalizar previamente ni a posteriori con carácter pleno la gestión de las ayudas sociolaborales». Señala Alaya que «por más que la Junta y algunas defensas consideren que las sucesivas leyes de presupuestos han obligado al uso de la transferencia de financiación al IFA para el pago de las ayudas sociolaborales ordenadas por la Consejería de Empleo, dicho argumento carece de veracidad: las leyes de presupuestos desde 2002 al 2009 han contemplado créditos para librar por parte de la Consejería de Empleo transferencia de financiación al IFA-IDEA, pero en ningún caso las citadas leyes han expresado que tales fondos (...) tuvieran que destinarse a la concesión de subvenciones sociolaborales».

La referencia al otorgamiento de las partidas como subvenciones sociolaborales «únicamente se contiene en las memorias e informes económico-financieros, documentación –precisa la magistrada– anexa al Presupuesto, que no forma parte integrante del contenido de la citada ley de presupuestos, ni de su articulado, ni de sus estados de gastos, no siendo en ningún caso aprobados por el Parlamento». La Junta se ha parapetado hasta ahora en que la magistrada estaba atentando contra las leyes presupuestarias, que se habían aprobado en la Cámara no sólo con el conocimiento del grupo socialista sino también con el conocimiento de los partidos de la oposición.

Tras valorar «las posibilidades de éxito o fracaso» de los argumentos del recurso de la Junta, Alaya mantiene la declaración de Gómez, que es especialmente incómoda para el presidente de la Junta. El ex interventor general ha acusado a Griñán de «cebar sin descanso la corrupta partida» de los ERE y de no actuar, «cuando podía haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas».

Alaya acelera el calendario de declaraciones a la vuelta de las vacaciones. El día diez, el ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois. El 17 y 19, los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano –actual viceconsejero de Presidencia– y Buenaventura Aguilera; el ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el 30 de septiembre; y Ramón Díaz Alcaraz, parlamentario socialista en la pasada legislatura y ex asesor de Guerrero en Empleo, está citado el 9 de octubre.