Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT reclaman al consejero de Presidencia que se cumplan los compromisos para recuperar derechos recortados en 2012

El consejero de Presidencia, Interior y Administración Pública, Elías Bendodo, se reunió este viernes por separado con los responsables de Función Pública de CSIF, CCOO y UGT, los tres sindicatos representados en la Mesa General en la que se negocian las condiciones de los 250.000 empleados públicos andaluces. Fue una toma de contacto, por separado, entre el nuevo Gobierno andaluz del PP y las fuerzas sindicales en las que los representantes de los trabajadores reclamaron a Bendodo el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el anterior Ejecutivo socialista que prevén la recuperación de derechos recortados en 2012 al colectivo, además de reivindicaciones históricas como la Ley del Empleado Público que se quedó en el tintero en la pasada legislatura, y las sensaciones iniciales son buenas.

Desde los tres sindicatos reconocieron haber encontrado “buena sintonía” en el consejero incluso con citas para empezar a desarrollar dichos acuerdos, según explicó el coordinador del área pública de CC OO, Humberto Muñoz, mientras desde CSIF, el secretario de Acción Sindical, Joaquín Álvarez, recalcó que en la reunión “no se ha anunciado ninguna medida que suponga un retroceso en derechos y se ha comprometido a mantener los acuerdos suscritos”.

Entre esos acuerdos algunos requieren la aprobación de los presupuestos andaluces, como el abono entre este año y el próximo a los 7.500 funcionarios de Justicia del complemento específico (35 euros al mes este año y 90 en 2020) pactado el pasado 27 de noviembre, que deberían haber empezado a cobrar en enero. Según Álvarez, Bendodo se ha comprometido a consignar la partida de cuatro millones de euros necesaria en los presupuestos y que el personal lo reciba con efectos retroactivos.

El Gobierno de Susana Díaz también pactó antes de las elecciones que este año los funcionarios cobrarían las ayudas de acción social suspendidas en 2012 y las pagas adicionales de 2013 y 2014 eliminadas entonces, además de una serie de medidas de conciliación.

Desde UGT, el responsable del sector público, Antonio Tirado, avisó de que no renunciarán a ninguno de esos compromisos acordados y en concreto trasladaron a Bendodo que “no vamos a permitir que bajo ningún concepto se den pasos hacia atrás en servicios tan esenciales” como la educación y la sanidad “públicas y de calidad”, según un comunicado.

Con todo, los tres sindicatos admitieron que las reuniones de ayer fueron una primera toma de contacto tanto con el consejero como con la secretaria general de Administración Pública y la directora general de Función Pública, en la que más allá de un compromiso genérico de respetar dichos acuerdos por parte del nuevo Gobierno no se profundizó en ningún tema concreto. De hecho, tampoco se trató la política que el nuevo Ejecutivo andaluz de PP y Cs planea respecto a los entes públicos e instrumentales, que han prometido adelgazar tras encargar una auditoría, y respecto a lo que los sindicatos mantienen posiciones dispares.

CSIF, sindicato mayoritario en la Función Público, líderó las movilizaciones contra la polémica Ley de Reordenación del sector público que impulsó el PSOE en 2012 al considerar que con ella se daba acceso “por la puerta de atrás” en la administración a 25.000 empleados sin los criterios de mérito, igualdad y capacidad, una lucha en la que el PP se alineó con ellos. Por contra, UGT y CCOO pactaron con la Junta dicha norma y Humberto Muñoz mantuvo ayer que para este sindicato “no existe la llamada administración paralela” -como la llaman PP y Cs- y “no sobra ninguna empresa pública” -chiringuitos en el argot del nuevo gobierno-, que están dispuestos a hablar sobre su reorganización pero “no a adelgazar nada”.