Citan como investigados a dos altos cargos de la Junta de Andalucía

Un nuevo caso judicial que salpica de lleno a la Junta de Andalucía. El juzgado de instrucción número 8 de Sevilla ha citado como investigados –imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– al director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Julio Samuel Coca Branes y a su antecesor en el cargo, Antonio González Marín, que fue nombrado el 19 de enero nuevo director general de la agencia IDEA. Este último ente también está afectado por escándalos como los ERE o Invercaria.

Este paso judicial se produce después de la demanda penal presentada por un grupo de asesores de empleo el verano pasado apuntando a posibles delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores. Este colectivo viene quejándose desde hace años de que la Junta ha seguido criterios arbitrarios a la hora de readmitir o no a trabajadores con sentencias por despidos nulos o improcedentes. En algunos casos los beneficiados guardan relación con cargos del Partido Socialista.

Los 413 asesores de empleo del programa Memta, una iniciativa que puso en carga la Junta junto al Proteja para dar continuidad al Plan E de Rodríguez Zapatero, estuvieron trabajando para la Administración autonómica desde 2008 hasta final de 2012, momomento en el que fueron despedidos según ha alegado la Junta debido al recorte de transferencias por parte del Gobierno central.

Es entonces cuando empieza una doble pelea de los afectados. En la calle, a través de manifestaciones y protestas. Y en los tribunales. Las sentencias que emiten juzgados de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) son dispares. Las decisiones que adopta el Gobierno andaluz también. La casuística es diversa, ya que hay trabajadores con sentencias nulas que han sido reincorporados a sus puestos de trabajo; y otros que no. También hay procesos judiciales en los que la Junta ha desistido y otros en los que sigue litigando. En cuanto a los despidos declarados improcedentes, el contratador, en este caso el Gobierno andaluz, tiene la posibilidad de la reincorporación o la indemnización. La vía habitual ha sido la segunda, pero ha habido excepciones.

Y una de las excepciones acabó de indignar a este colectivo. Cuatro asesores de Jaén con despido improcedente acabaron reincorporándose a su puesto de trabajo debido a que el Servicio Andaluz de Empleo olvidó elevar un escrito al juzgado en los cinco días habilitados para ello. La Junta habló de recurso «extemporáneo». Lo cierto es que de los cuatro, tres guardan parentesco con ex concejales del PSOE de la provincia de Jáen.