Directivos sin contrato y cobrando más de lo legal en agencias de la Junta

La Consejería de Hacienda lo descubrió en 2013 y «recomendó» a sus entidades que los contratara y les reclamara ese dinero

La Consejería de Hacienda y Administración Pública se niega a facilitar el informe de la inspección general de servicios (IGS) de 2013 que destapó que altos cargos tenían sueldos por encima de lo permitido. «Algunos» ni siquiera tenían contrato, según se colige del resumen de ese informe reflejado en la Memoria de los años 2013 y 2014, que sí es pública pero solo ofrece en trazo grueso las prácticas irregulares que se detectaron en seis agencias y fundaciones de la Junta –la Fundación Centro de Estudios Andaluces, la Agencia Andaluza de Energía, el Parque Tecnológico y Aeronáutico, la Agencia Pública de Puertos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y Cetursa Sierra Nevada–.

Para ampliar esa información, se solicitó a través del Portal de Transparencia el acceso a los informes completos, relativos a la línea 2 del Plan General de inspección 2013, aprobado por la Consejería. Su fin era «verificar la adecuación del régimen económico de las personas que ejercen funciones de alta dirección y del resto del personal directivo de las entidades del sector público». En el breve resumen publicado en la web, se indica que «en estas seis entidades existen 26 personas con contrato de alta dirección y 28 personas directivas. De las actuaciones realizadas se ha constatado alguna disfunción en cuanto a los límites retributivos de algún directivo». No aporta ninguna cifra, ni a cuánto ascendió esa «disfunción» ni cuántos fueron los altos cargos beneficiados. Eso sí, señala que tras admitir su mala praxis, las empresas «han realizado las gestiones necesarias para regularizar estas retribuciones» según refleja la inspección general en su escrito.

«Respecto a las indemnizaciones por extinción de contrato –también analizadas– sólo ha tenido lugar en dos entidades, afectando a cuatro personas. En cuanto al complemento de antigüedad, dos personas de una misma entidad lo han percibido incorrectamente. En el plazo concedido para las alegaciones del informe provisional la entidad afectada ha realizado las gestiones necesarias para la devolución de lo indebidamente percibido y la eliminación de este concepto retributivo».

La Consejería se ampara en la «confidencialidad» para ocultar esa información. «Si se permitiese el acceso a la totalidad de los informes definitivos solicitados podrían quedar comprometidas las obligaciones de confidencialidad de la documentación con origen y destino en la IGS y de sigilo profesional exigido para el personal con destino en la misma», recoge en su contestación. Considera que una mayor transparencia podría «afectar y debilitar los protocolos y sistemas de inspección, averiguación y supervisión y, con ello, la eficacia, independencia y correcta comprobación del funcionamiento de los servicios públicos». Incluso llega a más y vaticina que «la publicidad de esta documentación podría dejar inerme la naturaleza de la actuación inspectora». Previamente, en la resolución en la que deniega el acceso ciudadano, Hacienda admite que la solicitud no incurre en ninguno de los supuestos previstos para rechazarla en la Ley de Transparencia andaluza, regulados en su artículo 18, ni de la norma estatal, que rige también en estos casos.

Resulta llamativo el análisis referente a la contratación de directivos en seis agencias de la Junta. La inspección desgrana cómo algunos de los contratados cobraban sueldos y dietas por encima de lo permitido y recomienda regularizar la situación de trabajadores sin contrato, o quienes teniéndolo no concretan cuál será su retribución. Cuando desde el órgano de control se informó a las empresas, lo admitieron y se comprometieron a solicitar lo cobrado indebidamente a los altos cargos, extremo que no corrobora si finalmente se realizó. Al menos, no figura en el informe anual publicado, el único al que permite el acceso a los ciudadanos. Tras detectar un reguero de irregularidades, la inspección –según detalla su informe– se limitó a informar a las agencias, instándolas a que reclamaran la devolución del dinero cobrado indebidamente.

De sus propuestas para acabar con las ilegalidades solo han trascendido las que considera más significativas por repetirse en los diferentes informes definitivos. Entre ellas, «que se solicite el informe previo y preceptivo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para poder realizar modificaciones en las condiciones retributivas de este personal o que se regularice la situación contractual de este personal para que consten en sus respectivos contratos los conceptos retributivos que en derecho procedan de conformidad con el informe favorable que preceptivamente debe interesarse a la Consejería».

Incide también en que «debe justificarse la devolución de las cantidades indebidamente percibidas». Llama la atención que la última propuesta sea recomendar que firme un contrato con las personas que trabajan en esas agencias. «Que se formalice por escrito, según las normas aplicables, el correspondiente contrato a las personas que no lo tienen formalizado, tras la recepción del informe previo, preceptivo y favorable de la Consejería». Nada sobre posibles sanciones ante un «modus operandi» extendido entre el sector público de la Junta de Andalucía.

Sobre las actuaciones realizadas en los dos últimos ejercicios, nada se sabe porque no se han publicado las memorias de 2015 ni de 2016, pese a que deben ser anuales por Ley. La propia Consejería señaló, ante la petición para acceder a dichas memorias solicitada en el Portal de Transparencia, que se publicarían conjuntamente «antes de agosto».