El abogado de Guerrero renuncia a representarlo en tres piezas separadas

Comunica a la jueza que no cuenta con «la infraestructura suficiente para acometer una defensa con todas las garantías» del ex alto cargo.

«Caso ERE» son las palabras que enlazaron al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y al abogado Fernando de Pablo. Una unión que decrece. El letrado ha presentado un escrito en el juzgado que coordina la «macrocausa», el número 6 de Sevilla, en el que asegura «no contar con la infraestructura suficiente para acometer una defensa con todas las garantías» del ex alto cargo del Gobierno andaluz.

Tras haberle sido notificada, vía providencia, la apertura de piezas separadas relativas a las empresas a las que se les concedieron ayudas con presuntas irregularidades Calderinox, Acyco, Río Grande y Surcolor, así como las diligencias de ordenación de la secretaria de refuerzo del órgano judicial donde se les testimonia el auto de apertura de las previas correspondientes a cada una de esas cuatro sociedades, De Pablo confirma a la jueza que sólo continuará representando a su cliente en el bloque centrado en Acyco. Para los restantes, es decir, los relativos a Río Grande, Calderinox y Surcolor, solicita que se nombre abogado y procurador de oficio para que asistan a Guerrero. Con todo, pide también que se suspendan los plazos para interponer los recursos que correspondan para «no comprometer nuevas direcciones jurídicas y no crear indefensión».

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el abogado deja constancia de que ya advirtió de «lo lesivo» que podría resultar para su representado la división de la causa matriz «en un sinfín de diligencias» –estima que serán no menos de 200–, y que esa decisión generaría múltiples consecuencias, entre ellas, su imposibilidad para defenderlo. En ese sentido, recuerda que Guerrero «cuenta con todos sus bienes e ingresos embargados por ese juzgado» como consecuencia de su implicación en el «macroproceso», con lo que no puede «comprometerse económicamente con su defensa». Cabe recordar en este punto que, como ya adelantó este periódico, el pasado mayo De Pablo reclamó a Núñez Bolaños la revocación total o parcial de la fianza de 50.000 euros que le impuso en octubre de 2012 su antecesora a las riendas del juzgado, Mercedes Alaya, tras una rebaja de 100.000 euros, para que el ex director general de Trabajo pudiera abandonar la cárcel donde permanecía recluido de forma preventiva, a lo que se opusieron la Fiscalía Anticorrupción y la Junta. Meses después, el letrado explicó a la instructora en otro escrito que lo que pretendía es recuperar los 50.000 euros o parte de esa cantidad que fue consignada por él mismo «representando, jurídicamente no económicamente», a un Guerrero que ya tenía todo embargado. La cuantía se extrajo, según explicó el abogado, de una cuenta corriente cuyo titular era «la entidad De Pablo y Navarro asesores 2011, titular, a su vez, del despacho profesional» de la defensa del ex alto cargo. Ésta entiende que el dinero, de ser liberado por la magistrada, sólo podría serle entregado a la misma, y así lo hizo constar por escrito. De lograrse los fondos, se emplearán para «gastos de postulación», sin que el ex director general del Ejecutivo autonómico pudiera tener «intervención o beneficio de ningún tipo». En otras palabras, se utilizará para costear cuestiones ligadas a su defensa, pero Núñez Bolaños aún tiene pendiente meses después resolver sobre esa devolución de fianza de responsabilidad personal de Guerrero.

Al margen de la decisión que adopte la titular del juzgado sevillano sobre una demanda que De Pablo entiende «ajustada a derecho», este diario ha podido saber que el representante legal del ex directivo de la Junta tiene la intención de desligarse de los procedimientos iniciados contra Guerrero por el Tribunal de Cuentas, que lo responsabiliza de la concesión de ayudas millonaria como la de 4,8 millones que se asignaron al grupo Pickman, los 4,1 que se le dieron a la multinacional A Novo Comlink, que cuenta con una sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga; o los 3,9 que se otorgaron a Promi. A ellas hay que sumar las subvenciones que se repartieron a varios ayuntamientos sevillanos. De Pablo ha planteado por escrito que en ese ámbito se le nombren también representantes de oficio.