El abogado de Guerrero sostiene que Alaya podría haber prevaricado en el juicio de los ERE

La defensa del ex director de Trabajo Javier Guerrero concluyó ayer su informe señalando que, según las tesis acusatorias, la primera instructora del «caso ERE», la jueza Mercedes Alaya, la Fiscalía y las acusaciones «podrían indiciariamente haber incurrido» en los mismos delitos que imputan a su cliente.

El letrado José Ávila representa a Guerrero, quien se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, defendió que si las acusaciones mantienen que Guerrero cometió esos delitos ligados al global de los fondos destinados a las ayudas, sin distinguir si éstas fueron o no desviadas a otros fines o a beneficiarios sin derecho, la jueza Alaya y las acusaciones «podrían haber incurrido» también en prevaricación y en omisión del deber de perseguir el delito. Y ello porque, según recogió Efe, no imputaron a los 6.500 prejubilados que recibieron las ayudas ni han reclamado individualmente todas las cantidades percibidas, habiendo «permitido o dado continuidad a la malversación», por cuanto el juzgado instructor «pudo y debió» adoptar «medidas encaminadas al procesamiento o declaración de responsabilidad civil de todas las personas beneficiadas». Igualmente se preguntó por qué Alaya, que «tuvo la certeza meridiana de tan graves delitos durante los años 2011 y 2012 mientras que acusaba discriminada o indiscriminadamente, no urgió en ningún momento durante la fase de Instrucción a la Consejería de Empleo, Junta de Andalucía, compañías aseguradoras o a quién correspondiese que se dejaran de abonar todas las prestaciones». Ávila arremetió contra el PP-A al afirmar que el caso «está sustentado en una incapacidad» de éste de «conseguir la presidencia de la Junta».