El Consejo de Transparencia, obligado a actuar otra vez al vulnerar la Junta la ley

Se dirige a la Consejería de Hacienda para que explique por qué no publicó el anteproyecto de las cuentas de 2017.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha tenido que terciar debido a la decisión de la Junta de no publicar en el momento que establece la normativa el Anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2017. No es la primera vez que este órgano, creado para velar por el cumplimiento de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2014, toma la iniciativa después de una denuncia del Partido Popular. Esta formación ya le remitió dos escritos el pasado mes de agosto debido a que el Ejecutivo regional había agotado los plazos reglamentarios –20 días más una prórroga de otros 20– sin proporcionarle información sobre las cantidades recuperadas a través de procesos de reintegro en el «caso de los ERE» y de la formación.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, aseguró ayer que, tras la denuncia elevada por esta formación el pasado 28 de octubre, el Consejo de Transparencia ha enviado un escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el que le da diez días para que ofrezca las explicaciones oportunas sobre la posible vulneración de la ley. El plazo cumple el próximo lunes. Fuentes de la Consejería de Hacienda aseguran a este periódico que el Consejo de Transparencia lo que le ha trasladado es la denuncia ya interpuesta por el Partido Popular. Asimismo, indican que el proyecto de Presupuestos se publicó dos días después de la queja del PP.

La Junta publicó el proyecto de ley el lunes 31 de octubre en la página web de la Consejería, cuando la titular de Hacienda, María Jesús Montero, lo trasladó a la Cámara autonómica para que iniciara la tramitación parlamentaria. Sin embargo, como ya avanzó este periódico, la publicidad se debería haber producido mucho antes. El artículo 13 de la Ley de Transparencia es muy claro al respecto. Recoge que se publicarán los «anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo».

La Junta remitió el anteproyecto de Presupuestos –que es el borrador normativo antes de que lo apruebe de manera definitiva el Consejo de Gobierno– el pasado día 10 de octubre al Consejo Consultivo, para que emitiera un dictamen que se produjo el lunes 24. Por tanto, desde el día 10 debería haber sido publicado el borrador de la ley en el Portal de la Transparencia, que sí recoge otros anteproyectos de ley y documentos normativos en elaboración.

La explicación que dio la Junta en ese momento a este periódico es que los Presupuestos siguen una tramitación distinta regulada por la Ley de Hacienda. Una argumentación que difícilmente se sostiene a la luz del artículo 13 de la citada Ley de Transparencia. La consejera del ramo, en su intervención en el debate a la totalidad de las cuentas en el Parlamento andaluz, restó ayer importancia al incumplimiento y lo tachó de «excentricidad» del PP. Echó la pelota al tejado del Gobierno central al señalar que éste tarda «una semana» en publicar sus cuentas.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP aprovechó para criticar la opacidad y la «deslealtad institucional a la Cámara con la aquiescencia de C’s». Recordó asimismo que es el sexto año que la Junta presenta los Presupuestos sin que estén provincializados.

Los Presupuestos de 2016, los primeros que acordaron PSOE y C’s, también vulneraron la Ley de Transparencia, ya que esta normativa está plenamente vigente desde 2015. La publicación del anteproyecto de ley daría al resto de los grupos de la Cámara una información sustancial que se ha escamoteado en los últimos años, ya que este primer borrador de las cuentas contiene todo el esqueleto presupuestario. De hecho, hasta hace unos años el procedimiento era distinto. Estaba dividido en dos fases. El Consejo de Gobierno aprobaba en un primer momento el anteproyecto de ley, con la envolvente financiera de gastos e ingresos, y posteriormente el conjunto cerrado de las cuentas recogidas en el proyecto de ley.