Caso ERE

El PP-A pide agilizar las piezas separadas ante el «riesgo de prescripción»

El vicesecretario de Coordinación Política el PP-A, Toni Martín
El vicesecretario de Coordinación Política el PP-A, Toni Martínlarazon

Presentará hoy un escrito a la jueza Núñez Bolaños, ante el plazo máximo de diez años entre la percepción de una ayuda y una imputación

Alerta ante el riesgo de que los delitos prescriban. El Partido Popular andaluz alertó ayer del riesgo de prescripción de delitos en ayudas y subvenciones de las nueve piezas separadas dictadas por la jueza Núñez Bolaños en el «caso ERE» y que afectan a distintos ayuntamientos de la provincia de Sevilla, a una treintena de empresas de la Sierra Norte y a otras empresas.

El vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín, informó de que el partido presentará hoy un escrito ante la jueza que instruye la macrocausa de los ERE, para que «se dicten de manera inmediata las resoluciones que fuesen necesarias» para ejecutar lo que la propia magistrada dictó en un auto del mes de julio en el que anunciaba la apertura de una serie de piezas dentro de la causa.

El PP andaluz pide que «se incoen las correspondientes diligencias previas, fijándose un calendario de declaraciones a fin de instruir a todos los investigados tal y como es preceptivo». Martín señaló existe un plazo de diez años entre la percepción del último pago de una subvención y la posible imputación de un delito, por lo que «existe un riesgo evidente de prescripción».

Además, el escrito del Partido Popular andaluz solicita el traslado a las partes personadas en la causa los atestados de la UCO sobre todas y cada una de esas actuaciones, que ya se han remitido al Juzgado por parte de la Guardia Civil.

Las piezas cuya apertura se acordó por la jueza Núñez Bolaños mediante auto fechado el pasado 12 de julio afecta a ayudas al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, al Consistorio de Los Palacios, y al de Alcolea del Río. Asimismo, aparecen empresas participadas por Juan Trujillo Blanco y las ayudas percibidas por el mismo, así como su madre, Estrella Blanco García. Se citan: Iniciativas Turísticas Sierra Norte, Lógica Estrategia Empresariales, Ave Nueva y Lladeso Hoteles, así como la citada póliza individual de Estrella Blanco.

De la Sierra Norte, están afectadas Promociones Vinícolas de Sevilla, Dehesa Navera, Tialna, Quesos y Embutidos Real de la Jara, El Venero de Móstoles, San Goy Hotel Posada del Moro, Andalucine, Pema Jamones y Embutidos, Atarazanas de Constantina, SCA San Sebastián de Guadalcanal, Grueso y García, Corse-villa,Romero Álvarez, SCA Virgen del Robledo, SCA Megara, Vivir El Barro SL, Refractarios y Derivados SL, Refractarios Sevilla, Refractarios Guadalcanal y Refractarios Andalucía, El Olivar de los Infantes, Productos Barataria, SCA Virgen de Belén, Gestión Turística del Sur, Asnadis (Asociación Sierra Norte para la Atención al Disminuido Psíquico), Antonio Diana Expósito, Coflosur, Eustaquio Reina y D. José Gómez Muñoz.

Además, se ven afectadas otras empresas como Río Grande; Calderinox; Cydeplas, Cydeplast PET; Nazapet SAL, y Faja Pirítica de Huelva, según la relación expuesta por el Partido Popular andaluz.

Si los posibles delitos derivados de estas subvenciones prescriben, no sería la primera vez durante la instrucción de la causa. En marzo, la jueza archivó la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 personas –una ya fallecida– de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos. El archivo se plasmó en un auto tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de levantar las imputaciones a dos empresarios porque fueron acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos más de diez años después de que recibieran las ayudas. Fueron los primeros archivos de la causa pero no los últimos, como alerta el PP.

La instrucción del «caso ERE» arrancó en 2011, pero la investigación se remonta a 2001. La causa acumula cerca de 300 investigados –entre ellos, los ex presidentes Chaves y Griñán– y el primero de los posibles juicios –precisamente, puede que el de la causa política por el que la Fiscalía pidió seis años de cárcel para Griñán– no se espera antes de un año. Existen más de 200 ayudas bajo sospecha y muchos atestados policiales por llegar.