El PP exige de nuevo a los ex altos cargos los 741 millones de las transferencias de los ERE

La acusación popular que ejerce el PP en la causa del «procedimiento específico» por el que se concedieron los ERE irregulares, en la que se dirime la responsabilidad penal de 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán, ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia que deje sin efecto su renuncia a reclamarles más de 741 millones a los acusados ante la imposibilidad de que, como solicitó, comparezca la presidenta Susana Díaz, como testigo y, por tanto, no poder interrogarla sobre las acciones de la Junta para la recuperación del dinero defraudado.

Los letrados del PP señalan que «ante la imposibilidad, al no haberse admitido por la Sala la testifical propuesta, de interrogar a Susana Díaz Pacheco, ex consejera de Presidencia y actual presidenta, sobre la actuación de los letrados de la Junta en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles ex delito», y «no habiéndose resuelto aún las cuestiones previas», a esta parte «interesa se nos tenga por desistido de nuestra solicitud de tener por no puesta la exigencia de responsabilidad civil para los acusados ejercitada en nuestro escrito de acusación a fin de ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en general».

El despacho García Navarro & Fuster alega que «las actuaciones no son firmes» y recuerda que tampoco ha tenido acceso, «a pesar de haberlo solicitado», a «las piezas de responsabilidad civil incoadas por el juzgado de Instrucción 6». Los abogados apuntan que «no nos consta ningún acuerdo del Consejo de Gobierno, como órgano competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales, ordenando al gabinete jurídico la reserva de acciones civiles en el presente procedimiento» y tampoco consta «ningún Decreto de Presidencia de la Junta» ni «que se haya acordado por delegación de algún consejero» y «menos aún de la consejera de Hacienda, que sería la competente para la defensa de los derechos económicos de la Hacienda» regional. Los letrados recuerdan que «tal reserva de la acción civil por parte de los letrados del gabinete jurídico se realiza con posterioridad a la apertura del juicio oral, cuando ya la Junta no era parte en el procedimiento, al no haber formulado acusación ni ejercitado la acción civil, y, cuando, tanto el Ministerio Público como esta acusación popular ya la habían ejercitado en sus respectivos escritos de acusación». En el requerimiento se especifica que «la actuación de los letrados de la Junta es contraria a los intereses generales a los que deben servir».

Al desistir de la anterior solicitud «de tener por no puesta la exigencia de responsabilidad civil», se solicita también que se «tenga por ejercida la acción civil ex delito contra todos los acusados, que deberán responder de manera solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, en la cantidad total de 741.596.575 euros», fijada en su día por el Ministerio Fiscal y «que se corresponde con el total de las transferencias de financiación realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía, posteriormente, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L».

Las cantidades, según se solicita en el escrito, «deberán ser minoradas» en función de «las cantidades que hayan sido recuperadas por la Junta en los procedimientos administrativos iniciados» –apenas 4,6 millones a diciembre de 2017, según la Consejería de Hacienda–; «por las cantidades recuperadas por el Tribunal de Cuentas»; y por las que «hayan sido recuperadas en la ejecución de las sentencias condenatorias, en su caso, que recaigan en el resto de piezas separadas». A ello habría que sumarle «los intereses».