Empleados municipales de Sevilla calientan motores contra la reforma local

Después de un verano en blanco, los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla prevén retomar las movilizaciones contra el proyecto de ley sobre la reforma local, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio. La medida pretende «clarificar» y «simplificar» las competencias para «evitar duplicidades» y «racionalizar» la estructura organizativa municipal, lo que, a juicio del comité de empresa del Consistorio hispalense, se traducirá en «despidos y recortes en la plantilla y en los servicios que se prestan».

La asamblea de trabajadores que se celebró en el pabellón de deportes de San Pablo el pasado mes de junio, a la que acudieron más de mil empleados públicos, sirvió de termómetro para medir el descontento de la plantilla. Según los cálculos del comité de empresa, unos 1.200 trabajadores públicos podrían perder su empleo, dada la «profunda» reorganización que se acometería en el organigrama municipal. Una vez finalizadas las vacaciones, la incertidumbre se extiende aún más entre la plantilla, que desconoce la plasmación real que tendrá la medida.

De momento, los sindicatos irán informando a los departamentos que podrían verse más afectados. Paralelamente, y en coordinación con las federaciones autonómicas, se elaborará un nuevo calendario de protestas porque la medida «nos puede perjudicar más que cualquier reforma laboral que se haga».

Según el presidente del comité de empresa, Manuel Loza, el personal interino contratado es el que está situado en el punto de mira. También los trabajadores integrados en las áreas de empleo, servicios sociales, educación, limpieza y mantenimiento y servicios a la mujer. «Tememos que, al final, se recorten derechos y retribuciones nada más aplicarse la reforma y en los próximos cinco años», subraya.

El Gobierno ha modificado sus previsiones de ahorro. De los 7.129 millones de euros iniciales ahora se fijan 8.032. También garantiza que los recortes afectarán a los sueldos de los alcaldes, concejales y altos cargos, además de reducir el número de cargos de confianza. Sin embargo, Loza advierte de que tales representantes sólo constituyen el 2 por ciento del personal al que afectará de lleno la reforma, por lo que «intentan disfrazar la realidad».

Otro efecto que prevé el representante de los trabajadores es el «aumento del desapego de los ciudadanos hacia la clase política y los ayuntamientos», al contemplarse la supresión de servicios y áreas municipales en los consistorios de localidades pequeñas. De esta manera, «muchos ciudadanos tendrán que desplazarse hasta las capitales para realizar algunos trámites que antes podían hacer en sus pueblos».

Loza, en cambio, no tiene duda de que el Ayuntamiento hispalense será de los primeros en aplicar la medida. «Así lo hizo ya con las 37,5 horas semanales, la supresión de delegados sindicales y el desarrollo del Plan de Ajuste», que contempla una serie de indicaciones para racionalizar el gasto público. «Zoido y la delegada de Hacienda siempre dicen que harán una interpretación de la norma para que afecte lo menos posible a los trabajadores», sostiene el representante sindical, aunque «en realidad se llevarán a efecto todos los términos de la ley a rajatabla».