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Funcionarios trasladan al Defensor el caos del SAE con la vista puesta en la Fiscalía

El SAF alerta en una queja de la falta de personal que lleva a que en centros de Huelva, por ejemplo, no haya técnicos que tramiten subvenciones o no se paguen facturas a proveedores, mientras crece el número de externos como los ex Faffe

  • El SAE está adscrito a la Consejería de Empleo que dirige José Sánchez Maldonado, ayer en el Parlamento
    El SAE está adscrito a la Consejería de Empleo que dirige José Sánchez Maldonado, ayer en el Parlamento
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

20 de noviembre de 2015. 14:31h

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N. Acedo.  Sevilla. 20/11/2015

Un río múltiple ofrece muchas corrientes para navegar, como la queja que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) presentó el 12 de noviembre al Defensor del Pueblo regional, Jesús Maeztu, sobre la «lamentable» situación de caos en la que se encuentra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En el profuso documento, rubricado por el presidente coordinador de la entidad sindical, José Manuel Mateo, se radiografía un organismo con una «deficitaria ocupación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)» y otras graves deficiencias, que pretenden que el Defensor traslade a la Fiscalía.

El SAF centra su queja en la Dirección Provincial del SAE de Huelva, aunque afirma que su denuncia es «extensible» a todo el mapa andaluz. Relatan a Maeztu que en múltiples visitas a centros de trabajo han podido comprobar que en la sede de aquélla «existen varios departamentos, como el de Orientación», en los que sólo hay un jefe y un administrativo. Ningún técnico funcionario se encarga de «la correcta tramitación» de las subvenciones. «Por el contrario –añaden–, el personal procedente de la extinta Faffe –la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, ahora bajo la lupa judicial–, triplica en número» a la plantilla de funcionarios y percibe retribuciones «como técnicos», pese a que sus funciones deberían ser «tareas de auxilio administrativo». La Junta reconoció que el SAE asumió a 1.139 empleados procedentes de la antigua Faffe.

En su escrito, el sindicato alerta de cómo quedarían casi una decena de entes de empleo de la provincia de Huelva, si se concreta el cese de interinos previsto el 31 de diciembre. El centro de Ayamonte, por ejemplo, contaría con el director para atender a 25.000 personas y la oficina de Lepe, con dos funcionarios de carrera y un interino para una población de 46.000 habitantes. Antes, ya han detectado que en alguna oficina onubense el único trabajador es el director, quien «ha llegado a tener más de 200 citas al día». Algo «gravísimo» en una comunidad con la tasa de paro más elevada de Europa.

En relación al desempeño laboral, el SAF advierte de «desajustes» como que no se pueden «licitar o prorrogar expedientes de contratación», o no se pagan facturas a acreedores y proveedores «al no poder ordenarse», por «la inexistencia de firma» de un director provincial. Tampoco se anota «la documentación de entrada y salida» por la ausencia de «personal que atienda el Registro General de documentos». La misma causa por la que «no se publican en los diarios oficiales los expedientes de contratación pública y demás actos administrativos que debe ser objeto de anuncios en los boletines». «La situación de alarma es tal –suman los funcionarios– que la secretaria provincial ha dimitido», aunque, de otro lado, el 10 de noviembre se designó un nuevo director territorial.

Insisten en que el panorama descrito no es exclusivo de Huelva y apuntan que en Almería la ocupación de las RPT no llega al 50%. En ese sentido, critican que la Junta trate «la problemática del empleo en Andalucía con un carácter coyuntural», lo que justificaría «los llamamientos de interinos de manera provisional, para situaciones que no lo son y que requieren de una adecuada dotación de puestos». Informan a Maeztu que se han incumplido sugerencias de su oficina respecto a los nombramientos de interinos y laborales, a la negociación con los sindicatos en la Mesa Sectorial y a la publicidad de las ofertas del SAE.

«Como podrá comprobar –sostienen–, la discrecionalidad y la arbitrariedad de los máximos responsables de función pública son absolutas, pues aprovechan la falta de dotación de puestos de las oficinas y centros de empleo, para realizar masivos llamamientos de personal interino, al margen de las bolsas –cuyo funcionamiento no es negociado, dicen–, para remitir oferta genérica al SAE – cuyos criterios objetivos tampoco son consensuados–». Y, por si no fuera suficiente, reseñan el desembarco de laborales indefinidos no fijos, cuya entrada ha «quebrado» los principios de «igualdad, mérito y capacidad» exigidos en la Constitución en el acceso al empleo público, «mutando el modelo funcionarial por uno preferentemente laboral», censuran.

En ese escenario global, piden al Defensor, entre otras cuestiones, que remita sus actuaciones a la Fiscalía si, de su investigación sobre los hechos que le han comunicado, «se puede deducir» la existencia de algún tipo de conducta delictiva. Demandan además que se esclarezca la «probable usurpación de potestades públicas» por parte del «personal laboral indefinido no fijo», cada vez más presente en los entes del SAE: o del subrogado de Faffe en las direcciones provinciales. Aunque, si se tira de memoria, el propio consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, planteó la semana pasada en el Parlamento la posibilidad de dotar de potestades administrativas a ese personal que entró «a dedo».

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