Administración Pública

La adjudicación a la empresa del sobrino de Durán es posterior a la campaña del 4D

La fecha de asignación o de autorización del gasto es el 17 de enero de 2018, casi un mes después del teórico final de la cobertura del servicio

El presidente del Parlamento andaluz es en la presente legislatura Juan Pablo Durán
El presidente del Parlamento andaluz es en la presente legislatura Juan Pablo Duránlarazon

La fecha de asignación o de autorización del gasto es el 17 de enero de 2018, casi un mes después del teórico final del servicio

Una contratación del Parlamento andaluz abrió las compuertas a la crítica. Se eligió a El Cañonazo, la empresa madrileña en la que trabaja el sobrino del presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, para que desarrollara una campaña institucional y se ocupara del «diseño, producción, difusión, análisis e impacto en las redes sociales sobre el 40 aniversario del inicio del proceso autonómico andaluz», de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 (4D), según consta ya de manera oficial en el listado de contratos menores cosidos al primer trimestre de este año al que se puede acceder a través del portal de transparencia de la institución. La oposición puso el foco en esa contrata para denunciar, entre otras cuestiones, que las fechas que aparecían en la memoria justificativa vinculada a ese encargo hacían sospechar que la empresa podía había comenzado a realizar el vídeo promocional sin que se hubiera tramitado el contrato en la Cámara autonómica. Ese documento, consultado por este periódico, fue firmado el 22 de noviembre de 2017 por la directora general del gabinete de la Presidencia, Sol Calzado, y en él se señalaba que la campaña en cuestión se llevaría a cabo «del 23 de noviembre de 2017 al 22 de diciembre» de ese año e incluiría la «planificación de estrategia», el «diseño de la misma», la «producción de vídeos e imágenes para redes sociales y grafismo», así como la «distribución de los contenidos» y el «análisis» de la acción. Pues hay otra referencia temporal que añadir, ya que la que aparece en la mencionada lista de contratas menores bajo el rótulo de «fecha de la adjudicación/aprobación del gasto» es el 17 de enero de 2018, es decir, casi dos meses después del inicio de la cobertura del servicio que se fijaba en la memoria justificativa, el 23 de noviembre, y casi uno de su finalización, el 22 de diciembre.

Otro de los puntos que generó cierto baile de datos fue el del importe de la contratación, ya que si desde Presidencia se aportó una primera cifra del desembolso que supondría, ésta resultó ser casi 3.000 euros menor que la que se reflejaba en la memoria justificativa, en la que se marcaba una cuantía de 14.047 euros, que se elevaban hasta los 16.996,87, incluido el correspondiente 21 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)». En la referencia que a este servicio se hace en la amplia hilera de contratos menores de este ejercicio se confirma que el coste de la contratación es de 16.996,87 euros. Lo soporta en exclusiva el Parlamento –algunas de esas contratas son coofinanciadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero no es el caso– y, pese estar datada su asignación en 2018, se atribuye a la pasada anualidad.

Desde el Grupo Parlamentario de Podemos se apuntó, entre la polvareda que levantó el que se conociera el acuerdo con la empresa, que se podría haber vulnerado la ley que regula la contratación pública en el apartado de los familiares, entre otros aspectos. Fuentes de la formación morada indicaron ayer a este diario que lo que les resulta «realmente llamativo» es que «alegaran que el motivo de contratar» a la sociedad madrileña fuera que «era la mejor en su sector» y, sin embargo, no haya «un proyecto previo en el que se recogieran las actuaciones que se iban a poner en marcha para difundir el 4D». «No hay estudio del público objetivo ni estrategia de campaña en la que se defina éste –lo que en ‘marketing’ o publicidad se denomina ‘target’– ni mensajes, canales o presupuesto», desgranaron.

Tras la riada de críticas que provocó este asunto, Durán renunció a las competencias en materia de contratos menores en favor de la Mesa del Parlamento, aunque para Podemos el tener que hacerlo no se trató más que del «castigo que recibió por arruinar» a la presidenta de la Junta, la también socialista Susana Díaz, «el Pleno de aprobación de los Presupuestos» para 2018, que quedó relegado a «un segundo plano». Las fuentes de esa formación consultadas se muestran convencidas de que la contratación fue «un 'dedazo' al estilo PSOE de Córdoba en toda regla» y que «debió de costarle el puesto» al presidente de la Cámara.

En cifras

*700.000,43 euros es el importe total de los contratos menores adjudicados o autorizados en su gasto por el Parlamento andaluz en el primer trimestre de 2018

*88 contratas componen ese listado colgado en el sitio web de la Cámara autonómica