La Fiscalía cifra en 680 los millones que se dieron sin control en los ERE

La Fiscalía Anticorrupción cifró ayer en 680 millones de euros el «montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía» para la concesión y pago de las ayudas que ahora se analizan en el llamado «caso ERE», y sobre los que «ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos», por falta de «control». El Ministerio Público, que antes había puesto bajo la lupa judicial 740 millones, continuó ayer informando en el juicio de la pieza política del «macroproceso», después de que la semana pasada mantuviera su petición de 10 años de inhabilitación para el ex presidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán por prevaricación y malversación.

La Fiscalía considera probado que el Gobierno andaluz usó «durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco» en el que «las ansias de rapidez y agilidad» en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó «todos los mecanismos de control establecidos», según recogió Efe. Un modelo que permitió a los responsables de la Consejería de Empleo –entre ellos los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández– disponer de 680 millones «sin sujeción a procedimiento alguno» ni a los mecanismos de control establecidos y «sin acreditar fehacientemente quién recibe el dinero». Ello posibilitó el «enriquecimiento» de ciertas empresas y terceros mediante un sistema de ayudas «injusto y arbitrario» al que sólo accedió «una mínima parte» de trabajadores y empresas con problemas.

Una forma de gestionar esos fondos que «no cabe alegar que desconocían» los ex responsables de Hacienda –el que después fue presidente andaluz José Antonio Griñán, su antecesora Magdalena Álvarez y su sucesora Carmen Martínez Aguayo–, de Innovación –el ex consejero Francisco Vallejo– o los ex directores de la agencia pública IDEA. Muy al contrario, «era una situación conocida y buscada» por todos, fruto de la implantación de un «procedimiento específico» cuyo «punto de partida» el fiscal situó en una modificación presupuestaria de abril de 2000, aprobada por el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves. Desde ese momento, la Junta dejó de tramitar las ayudas de los ERE como subvenciones excepcionales concedidas y pagadas por la Consejería de Empleo, con cargo a su presupuesto, para encargarle el pago de las mismas al ente público IFA –luego IDEA– con fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de financiación.

Con ello, la Intervención de Empleo sólo fiscalizaba un expediente de traspaso de fondos a IFA en el que ya no se podía identificar el destinatario final del dinero, lo que permitió que parte del mismo fuera a «finalidades alejadas del interés público» como 16 muestras de artesanía de ayuntamientos, campañas publicitarias, subidas salariales de trabajadores en huelga o prejubilados que nunca trabajaron en las empresas en cuyo ERE figuraban.