La jueza Núñez desestima excluir a cinco «intrusos» de la pieza de la Faja Pirítica

La instructora cita como investigados a José González Mata, Carlos Leal y a dos sindicalistas

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha desestimado el sobreseimiento y archivo de las diligencias respecto a cinco 'intrusos' en la pieza separada sobre las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo para los ERE de empresas del entorno de la Faja Pirítica de Huelva.

Así lo acuerda la instructora en un auto, con fecha de 11 de septiembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que la representación procesal de los investigados Tadeo Domínguez Rodríguez, Mariano Reyes Rodríguez, Mario Díez Rufo, Juan Bravo Borrero y Lorenzo Mogeda Rodríguez presentara escrito suplicando al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordar el sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones respecto de éstos, alegando que "difícilmente podrían haber cometido delito alguno, puesto que ninguna participación, como se desprende de sus declaraciones, tuvieron en el procedimiento de concesión de ayudas", resultando "clara la ausencia de cualquier propósito delictivo en su actuación".

Frente a esta petición de sobreseimiento, el Ministerio Público y la representación procesal de la Junta han presentado su oposición. Así la Fiscalía ha alegado que "si bien tales consideraciones son entendibles en el ejercicio legítimo del derecho de defensa, no se corresponden con el resultado de lo que consta en las actuaciones, particularmente del contenido de la documentación que 'a modo de expediente' ha aportado la Junta respecto de las ayudas concedidas a las empresas del entorno de la Faja Pirítica de Huelva, de una serie de atestados del equipo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia en Huelva de la Guardia Civil y del informe pericial elaborado por funcionarios de la Intervención General del Estado".

Además, la Fiscalía señala que del conjunto de lo actuado se deduce, pues, que estos cinco investigados "se beneficiaron ilegítimamente de las ayudas concedidas a la Asociación Faja Pirítica de Huelva y pagadas de manera absolutamente ilegal por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, siendo incluidos como beneficiarios de la póliza suscrita para financiar la prejubilación de los extrabajadores de las empresas mineras del entorno de la Faja Pirítica de Huelva, y cuyo pago se hizo en su mayor parte con fondos públicos, siendo todos ellos conocedores de que no tenían derecho a ser incluidos como beneficiarios de la misma, pues nunca habían trabajado para tales empresas mineras".

Por su parte, los letrados de la Junta han alegado los hechos por los que vienen siendo investigados "revisten, sin duda alguna, el carácter de delito, por cuanto estas personas, extrabajadores de Almacenes Delgado, nunca han trabajado en la mina Bolsa de Tharsis".

Además, añaden que "si bien, como argumenta su representación social, se trataba de una empresa ligada a la minería por ser proveedor de la misma, lo cierto es que dichos trabajadores nunca debieron haber sido incluidos en la póliza suscrita por la Asociación de trabajadores de Faja Pirítica que finalmente fue abonada con fondos públicos".

"No obstante lo expuesto, si se acordase el sobreseimiento, esta representación considera que deben ser llamados como responsables civiles como partícipes a título lucrativo ya que sí han sido beneficiados por la comisión de los delitos cometidos presuntamente por terceros y ello en perjuicio de la Administración Pública pagadora", concluyen los letrados de la Junta en sus alegaciones.

De otro lado y según recoge la juez instructora en su auto, los cinco 'intrusos' consideran que "no intervinieron en modo alguno en el procedimiento de concesión de ayudas hasta el punto que todos ellos desconocían incluso la actuación de los gestores de la empresa en orden a conseguir las citadas ayudas".

Además, como "prueba de su buena fe", señalan que consta que "solicitaron aclaraciones respecto al cambio en el tomador del seguro, inicialmente Almacenes Delgado, explicando el dueño de la mediador Uniter, José González Mata, según declaran, que la decisión fue exclusiva del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para hacerlo más rápido y evitar burocracias. No les extrañó porque trabajan al cien por cien para las minas".

Examinadas las actuaciones y, sin perjuicio de lo que resulte de la investigación, se constata, según el auto, que en esta pieza no ha declarado González Mata, "con quien firmaron y quien les manifestó la aclaración aludida, además de otros investigados, considerándose necesario para resolver la cuestión promovida la práctica de dichas declaraciones y de las que deriven de las mismas".

Tras todo esto, la juez acuerda que no ha lugar al sobreseimiento solicitado y cita para tomar declaración en calidad de investigados a González Mata; al administrador único de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati; Salvador Mera Crespo, ex secretario general de UGT Cádiz, y Manuel Roberto Carmona Soto, ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A, todos ellos investigados en otras piezas separadas de los ERE.