La Junta garantiza que no permite el uso de tarjetas por los directivos... sin contar a centenares de entes

Afirma que no ha autorizado las «blacks» pero deja fuera a consorcios, fundaciones y otras múltiples entidades

El uso de «tarjetas black» en el seno de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se convirtió en un asunto incómodo para la Junta al desvelarse que se había empleado una en un puticlub de Sevilla. LA RAZÓN se interesó a través del portal de transparencia del propio Gobierno autonómico sobre si en el ámbito de la Administración regional, incluidas sus diferentes agencias y empresas, existían tarjetas, cargables a fondos públicos, que pudieran utilizar los directivos de las mismas y por si, en el caso de que así fuera, existe normativa que regule su utilización. Han respondido desde la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública y la contestación está ligada al laberinto de entes que orbitan alrededor de la Junta.

Desde la mencionada dirección general, dependiente de la Consejería de Hacienda y a la que «le corresponden las funciones de la Tesorería General de la Junta de Andalucía atribuidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, en orden al cobro de sus derechos y pago de sus obligaciones», se sostiene que «únicamente puede responder la solicitud de información planteada» en lo relativo a las consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial, por lo que excluye al resto de entes instrumentales del sector público andaluz, es decir, agencias públicas empresariales, fundaciones, consorcios y sociedades mercantiles, que «no entran en el ámbito competencial que tiene definido legalmente» dicho organismo. Hecho ese recorte, exponen que, de acuerdo al artículo 52 del Decreto 40/2017, «las tesorerías podrán utilizar otros medios de pago, sean o no bancarios, siempre que se regulen por Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda las condiciones» para hacerlo y se podrá «prever la restricción» de alguno en concreto para «la materialización» del abono de «determinadas obligaciones». Es ahí donde podría encuadrarse el manejo de las tarjetas de crédito o débito, pero «siempre que se regulen por Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda» los requisitos para su disfrute, insisten desde el Ejecutivo autonómico, para garantizar luego que esa regulación «no se ha realizado aún», por lo que «en la actualidad la tarjeta de crédito o débito no es un medio de pago habilitado». «No está permitida su utilización ni se ha realizado por esta dirección general ninguna autorización al respecto», se refleja en el texto desgranado. En definitiva, se podría afirmar que la Junta no ha autorizado a directivos a que operen con ellas, pero sacadas de la pista del circuito a considerar las 79 fundaciones como la ex Faffe que aún existen, de acuerdo al inventario de entes de las comunidades autónomas accesible en la web del Ministerio de Hacienda, los 123 consorcios, las 54 sociedades mercantiles y las 18 entidades públicas empresariales. En global y a priori, 274 entes del sistema público regional se quedarían fuera de la aseveración de que las tarjetas, ahora denominadas a menudo mediáticamente «black», no están permitidas.