La Junta ha recuperado 3 millones de los 90 que reclama por las irregularidades

La presidenta andaluza concreta la falta de información de su consejero y apunta que hay un millón reintegrado en fase voluntaria y dos en fase ejecutiva.

La Junta de Andalucía ha reclamado 90 millones de euros a las empresas por irregularidades en los cursos de formación. El consejero José Sánchez Maldonado ofreció el dato durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sin precisar de qué empresas se trata, cuánto se ha recuperado o, en definitiva, cuánto se reclama en los tribunales. La presidenta, Susana Díaz, completó la información: la Junta ha recuperado un total de 3 de los 90 millones reclamados, uno en fase voluntaria y dos en ejecutiva. Ambos citaron a los interventores a la hora de defender que «no hubo menoscabo de fondos públicos» –obviando el dictamen del interventor de Huelva–, pero señalaron que se reclaman 90 millones de euros a empresas que no han justificado o lo han hecho de forma incorrecta los cursos entre 2002 y 2012 encuadrados en la partida 32D.

El consejero Sánchez Maldonado, que señaló que la información sobre los requerimientos en vía judicial correspondería a la Consejería de Hacienda, tampoco precisó cuánto se le debe a las empresas que sí justificaron correctamente la realización de los cursos. «De todas las ayudas de formación profesional para el empleo queda por verificar el 13%», indicó Sánchez Maldonado, es decir, se habría verificado ya el 87% de los expedientes.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía detalló que en total hay 5.009 expedientes de formación profesional para el empleo vivos, de los cuáles se han verificado 2.547 y están en proceso de verificación, 2.462. En esos más de 2.500 que ya hay verificados hay expedientes de reintegro firme por valor de 90 millones de euros y 51, en proceso de reintegro, insistió el titular de Empleo. Maldonado especificó que el número de expedientes en este periodo asciende a 18.023 ayudas por importe de 2.893 millones. Un total de 1.191 expedientes están «totalmente correctos».

El consejero manifestó, como ya hizo a principios de mayo la propia presidenta, que se están tramitando las órdenes para la recuperación de la formación profesional para el empleo durante este año. Las órdenes se publicarán «en breve», con aspectos como la concurrencia competitiva, la modificación de régimen de pago y la prohibición de la subcontratación. El titular de Empleo recordó que las mismas recogen, por un lado la subvención de escuelas taller, campos de oficio y talleres de empleo, cuyo crédito asciende a 50,3 millones de euros; la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, con 71,5 millones de euros; y la formación dirigida a personas trabajadoras, con 20,7. Según Maldonado la primera de las órdenes está en fase de informe jurídico para su publicación en el BOJA y las otras dos cuentan con ya con los informes preceptivos y se publicarán cuando cuenten con el visto bueno del Consejo de defensa de la competencia de Andalucía, que se reúne mañana jueves. Según el consejero, la nueva orden será «tremendamente garantista». También adelantó que las empresas sancionadas por corrupción no podrán concurrir a los cursos formación en Andalucía y que la Junta recorta del 75 al 60% el pago inicial de las ayudas para los cursos.

En su comparecencia, Sánchez Maldonado defendió que no existía «un procedimiento diseñado para el fraude» sino «el sistema más garantista del Reino de España, con fiscalización previa» y en el que «se reserva el 25%» del pago. «Si hay algo, son deficiencias administrativas» y «la perjudicada es la Junta», explicó, en la línea del hilo argumental del ex presidente Griñán. Sánchez Maldonado indicó que cuenta «con las competencias de Empleo desde julio de 2013» con «el mandato de articular la creación de empleo». El consejero señaló que «no es tarea fácil» las funciones de «continuar la verificación de expedientes en fase de justificación», la «planificación de nuevas órdenes de FPO», «solucionar» el conflicto con los consorcios de formación y «atender a los requerimiento» de los juzgados y la propia comisión de investigación. En base a ello, aludió a «dos planes de refuerzo» de personal, aunque en todo momento negó que los ex Faffe hayan realizado tareas propias de funcionarios. «Cádiz y Málaga» son dos de las delegaciones con más necesidad de refuerzo, citó. El consejero dijo que no tiene «un estudio de impacto» de la suspensión de los cursos de formación pero admitió que indudablemente «ha tenido efecto». «Las circunstancias vinieron como vinieron y fue una decisión política que ahora se va a reparar porque es muy importante», dijo». El PP acusó al consejero de «no querer traer datos conscientemente». A la pregunta de IU «¿han mandado a los juzgados algún expediente por iniciativa propia?», el consejero señaló que no le «consta».

El PP critica que no se televise

El PP denunció que el resto de grupos «ha impedido la retransmisión por Canal Sur» de las comparecencias. «El PSOE ha dicho que no» y «los de la nueva política se han abstenido. La nueva política al final hace lo mismo que el PSOE», criticó la diputada Ruiz Sillero. La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet respondió a los populares: «¿Por qué no presentaron la petición a Canal Sur cuando iba a venir y no vino la ministra Fátima Báñez?». También cuestionó por qué «no piden lo mismo en la comisión de investigación que se celebra en Madrid», donde «ni pasan los fotógrafos» ni se retransmite por internet, como sucede con la del Parlamento de Andalucía.