La Junta tarda dos años en asumir la competencia de protección de datos

El Presupuesto de 2018 contempla entre 15 y 20 personas para este área dentro del Consejo de Transparencia

La Junta va a apurar hasta el límite para dotar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de una de sus competencias fundamentales: el control en la segunda de las materias para las que se constituyó, la de la protección de datos. En principio, el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2018 aprobado el pasado martes contempla la dotación de recursos suficientes para que se asuma esta función, pero el Ejecutivo trabaja ya a contrarreloj porque, tal y como señala la memoria de las cuentas de 2018, existe una fecha límite «absolutamente irrebasable»: el 25 de mayo de 2018.

Ese día entrará en vigor en cada estado miembro de la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, «con independencia de que para entonces se haya procedido, o no, a la adaptación de la legislación interna a este nuevo marco normativo europeo».

En ese momento, todas las autoridades de control creadas en España (Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos) «habrán de acomodarse a un sistema de supervisión muy distinto al aún vigente, lo que requerirá un inevitable aprendizaje». El Ejecutivo entiende que «éste el momento idóneo para que nos incorporemos a esta tarea, pues, de lo contrario, la potestad sancionadora –ahora ampliada en el nuevo reglamento– seguirá radicada en Madrid».

Pese a este avance, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Manuel Medina, no lo ve tan claro. En una comparecencia parlamentaria reclamó ayer la «asunción efectiva» de esta competencia «para dar así cumplimiento al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Transparencia Pública».

Medina alertó del escaso margen con el que se cuenta ya para esta tarea, pese a que la Ley de Transparencia andaluza aprobada en junio de 2014 asigna al consejo la competencia en materia de protección de datos, si bien el decreto que aprueba los estatutos señalaba que «no se asumiría materialmente la competencia hasta que no hubiera un desarrollo normativo».

El proceso viene desde más atrás. La competencia sobre protección de datos tiene su origen en el artículo 82 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Posteriormente, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía estableció en su artículo 45 que «el Consejo de Transparencia y Protección de Datos actuará en el territorio de Andalucía como autoridad pública independiente de control en esta materia....». Y en 2015 fueron aprobados los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

La Junta admite que «para que Andalucía pueda sumarse materialmente en la referida fecha al nuevo sistema de control diseñado por las instituciones europeas, será imprescindible que el Consejo cuente con los pertinentes medios personales y materiales al comenzar el año 2018».

La solución que ha arbitrado, tras analizar la relación de puestos de trabajo de otras autoridades autonómicas, es que «el área de protección de datos puede estar integrada por una plantilla de entre 15 y 20 personas».

El Consejo de Transparencia, una institución de carácter independiente, ya se ha enfrentado a varios problemas desde su constitución ante la falta de plantilla. De hecho, en una respuesta a una consulta del Partido Popular, este organismo admitió que «por cuestiones ajenas a la esfera de decisión de este organismo, no se asignó personal con la debida cualificación técnico-jurídica para tramitar y resolver las numerosas reclamaciones, denuncias por incumplimiento de publicidad activa y demás asuntos que diariamente se presentan ante la institución».

El Gobierno andaluz promete cambiar esta dinámica el año que viene. En el presupuesto que se debe aprobar en el Parlamento, señala que «se ha presupuestado el total de la propuesta de relación de puestos de trabajo, que está actualmente en elaboración». La cantidad asciende a casi 1,8 millones de euros. También ha incluido fondos para «la implantación de un motor de tramitación electrónica» y «un sistema de gestión documental para la completa telematización de los expedientes». Todo ello, más de dos años después de que se pusiera en marcha y que la presidenta Susana Díaz definiera que la transparencia, junto al desempleo, era una «prioridad» de su Ejecutivo.

Más de la mitad de reclamaciones afectan a la Administración autonómica

Durante el pasado ejercicio, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos recibió un total de 228 reclamaciones sobre acceso a información pública, 157 consultas de información y 67 denuncias sobre publicidad activa: un total de 452 asuntos. Según informó el ente, del total de reclamaciones, el organismo requerido fue la Junta de Andalucía en el 52 por ciento, seguida de las entidades locales (40%) y las universidades (5%). Además, se resolvieron el 70 por ciento de ellas a través de 143 resoluciones. En cuanto a la publicidad activa, el órgano objeto de las denuncias fue la Administración autonómica, en un 52 por ciento, y las entidades locales, en un 43 por ciento, resolviéndose el 58 por ciento de ellas; es decir, un total de 39. Medina avanzó en el Parlamento que este año se han presentado 407 reclamaciones y se han dictado 117 resoluciones dictadas, en el ámbito del derecho de acceso de la información. Por otro lado, subrayó las más de 200 denuncias de publicidad activa dirigidas al consejo y las 35 resoluciones ya dictadas. Según el máximo responsable de este organismo, las cifras obtenidas han superado con creces las previsiones gracias a la actividad constante y la notable evolución que ha experimentado el órgano.