La modificación legal en los plazos de instrucción estrangulará el «caso ERE»

El próximo 6 de diciembre habrá que parar la investigación y «morirán» ayudas incluidas en la pieza matriz

El tic tac anida en el llamado «caso ERE», en el que se investigan expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta de Andalucía. Y no sólo porque se agote el tiempo del juicio de la pieza política del «macroproceso» en la que se investiga a 21 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que quedará en unos días visto para sentencia. Hay otra fecha que será un punto de inflexión en la causa: el próximo 6 de diciembre.

En 2015 se modificó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y se estableció que las diligencias de instrucción, encaminadas a determinar la naturaleza de los hechos presuntamente delictivos, las personas que participaran en ellos y el órgano competente para enjuiciarlos, se han de practicar «durante el plazo máximo de seis meses» desde el momento en el que se emite el «auto de incoación del sumario o de las diligencias previas». Y se matizó que, antes de que se agote ese plazo, «el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja», lo cual permitirá que esa etapa del proceso penal se alargue hasta los 18 meses, prorrogables por el juez «por igual» intervalo temporal o «uno inferior», de nuevo si lo pide la Fiscalía y se consulta al resto de las partes. Ese cambio afecta obviamente al «caso ERE», que también tiene el tope máximo legal de tres años para poder hacer pesquisas en los bloques que han sido catalogados como complejos, entre los que se encuentran las diligencias embrionarias de la «macrocausa» que abrió en enero de 2011 la instructora primigenia, la jueza Mercedes Alaya, porque la alteración del artículo 324 no se limitó a los procesos que se iniciaran tras su entrada en vigor el 5 de diciembre de 2015. ¿Qué sucederá entonces con la pieza matriz de los ERE de la que se desgajan las otras por deducción de testimonio? Fuentes del caso aseguran a LA RAZÓN que «matarla hay que matarla el día 6», la jornada después de que se cumplan tres años desde el mencionado 5 de diciembre, pero hilan que creen que «se podrán seguir incoando» nuevos apartados de alguna forma. Ahora bien, lo que sí morirán, advierten, son «todas las ayudas dentro» de la pieza madre que no hayan derivado en separata y que «no hayan sido objeto de imputación a personas concretas». «Habrá que hacer un estudio casuístico de cuáles sí y cuáles no se pueden abrir», avisan. Hay quien sostiene sin rodeos que «el 6 de diciembre de 2018 tendrán que parar la instrucción de todo», aunque «haya prórrogas acordadas por especial complejidad» y salvo que se reforme de nuevo el articulado de la LECrim antes. «Se tendrá que calificar con lo que haya», cerrar las causas en el estado en el que se encuentren, previenen estas fuentes.

En relación a ese punto, de otro lado señalan que habrá casos como el de las ayudas que el Gobierno andaluz repartió en la sierra Norte de Sevilla, entre las que se encuentran los 34 millones que fueron a parar al entramado societario armado por los ex concejales socialistas reconvertidos en empresarios José Enrique Rosendo –ya fallecido– y José María Sayago –citados a declarar y embargados por Alaya antes de que se constituyera su departamento estanco en el proceso–, en los que sí habrá material de cargo para acusar e ir a juicio. Se cuenta para ello con atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Pero esto no será así siempre. Las fuentes judiciales consultadas por este periódico dan por hecho que se dará la situación contraria, en la que no haya suficiente para encausar y «se tengan que sobreseer las actuaciones». «En las piezas más llamativas es posible que sí lo haya», pese a que «en algunas importantes ni siquiera se haya llamado a declarar a los investigados», pero «habrá ayudas que vienen de la época antigua y no se podrán investigar», admiten. No falta quien condensa: «Lo que esté abierto habrá que terminarlo el 6 de diciembre, pero las diligencias pendientes de práctica se podrán hacer después». Lo cierto es que la complejidad para sellar una instrucción mastodóntica se elevará en 17 días.

Retrasos con consecuencias graves

La reforma de los plazos de instrucción levantó ampollas en sectores judiciales que avisaron de que traería consecuencias como se evidenció en uno de los casos que giró en torno a la Alhambra. La Audiencia Provincial de Granada anuló recientemente las diligencias practicadas en la causa en la que se analizó la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en el monumento nazarí porque el auto que la declaró compleja se dictó fuera del tiempo fijado en la ley.