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La Semana Trágica y las madres de alquiler

Tiempo de lectura 5 min.

24 de septiembre de 2017. 21:10h

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José Manuel Cansino.  25/9/2017

La mayoría de la sociedad tiene reticencias de índole ética o moral a aceptar la regulación de las madres o vientres de alquiler, algo que en España admite una comparación con el servicio militar obligatorio aunque parezcan realidades sumamente dispares.

Kant sostuvo que la vida no tenía precio cuando invocó la necesidad de establecer una distinción entre lo que admitía un precio y lo que, por dignidad, no. La vida no admitía un precio para el influyente filósofo alemán.

Los economistas se han ocupado también del análisis de un posible mercado de madres de alquiler aunque la mayoría de los estudios se han centrado en el mercado de órganos. Este mercado cuenta con una serie de características que lo distinguen del de las madres de alquiler.

¿Por qué soy contrario a la existencia de este mercado? Principalmente por cuatro argumentos.

El primero por lo que los economistas llamamos problema de información incompleta y que se resume afirmando que es posible que no todas las madres estén suficientemente informadas de las consecuencias futuras, por ejemplo psicológicas, de entregar a un hijo a cambio de un precio. Así resulta aquí relevante que los tribunales españoles han resuelto favorablemente a favor de las indemnizaciones a los ahorradores que compraron activos financieros «tóxicos» argumentando que no conocían los riesgos que asumían cuando invirtieron en ellos sus ahorros. Con mayor razón un tribunal debería fallar a favor de una madre que entregó su hijo a cambio de un precio cuando invoque que desconocía las consecuencias psicológicas que luego sufrió.

Relacionado con el argumento anterior, algunas madres que por razones de necesidad económica aceptaron alquilar su vientre movidas por una ganancia a corto plazo, pueden en el futuro arrepentirse de haberlo hecho ¿no se permitiría la retroactividad? Aquí también sorprende que naciones como la española donde la pena de muerte se rechaza mayoritariamente por su carácter no retroactivo en el caso de que pueda llegar a demostrarse la inocencia de un condenado, no esté dispuesta a aceptar la retroactividad de la maternidad. Pero si eso fuera así, es decir, si jurídicamente hubiese tribunales que admitiesen la devolución del hijo a su madre natural, entonces desaparecería la seguridad jurídica en el mercado de las madres de alquiler lo que sería tanto como acabar con el mercado. Nadie estaría dispuesto a alquilar a una madre si corriese el riesgo cierto de que un tribunal obligarle a devolver al niño con el correspondiente desgarro.

El tercer argumento pone de manifiesto la existencia de graves desigualdades económicas que nos gustaría que no existieran. Naturalmente serían las madres sin recursos y en necesidades extremas las dispuestas a alquilar sus vientres a las parejas económicamente pudientes. Pocos ejemplos más brutales se me ocurren de inequidad para estos «niños sin madre» como los llamaba recientemente Miguel Ángel Loma. El desarrollo de la genética podría tanto en este argumento como en el próximo dar una vuelta de tuerca más a las madres de alquiler. Así, las parejas podrían –dependiendo de su poder adquisitivo– elegir a aquellas candidatas con un genotipo que redujera la probabilidad de desarrollar enfermedades o aumentase la de dar en herencia una determinada fisionomía. Algo de esto ya era conocido en España con las madres nodrizas cuando participaban en la denominada «lactancia mercenaria». Así, por ejemplo, a las madres aragonesas se las tenía por nodrizas reales por ser las preferidas en la Casa Real.

El último argumento es que la existencia de un mercado de madres de alquiler aumenta las posibilidades de extorsión y el desarrollo de organizaciones mafiosas que obliguen a las madres atrapadas en sus redes a prestar un consentimiento fingido. También es llamativo que una sociedad como la occidental que desterró los matrimonios de conveniencia, incluso en su versión moderna cuando están anudados a la búsqueda de una determinada nacionalidad, acabe aceptando consentimientos fingidos de mujeres en manos de estas redes. Pero incluso si el deseo es sincero, esto es, si una madre está dispuesta a aceptar una práctica mercantil de su maternidad con pleno conocimiento de causa, estaríamos ante un caso parecido al que recuerda el premio Nobel Jean Tirole en su libro «La economía del bien común» (Ed. Taurus). Tirole cita el caso de las atracciones francesas que hasta hace pocos años consistían en lanzar a las personas de baja talla para el divertimiento del público a cambio de una remuneración. Una de estas personas reclamó su derecho a ejercer este trabajo. La respuesta del Consejo de Estado francés fue, en parte, de naturaleza económica. El Consejo de Estado negó tal derecho por las externalidades negativas que provocaba sobre las otras personas de estatura pequeña cuya dignidad se violaba con estas prácticas.

Y ahora vayamos con lo prometido. Eduardo Mendoza en su célebre novela «La ciudad de los prodigios» de 1986 incluía el siguiente pasaje : «Las madres de los reclutas que habían de partir para África volvían a manifestarse, como lo habían hecho en tiempos de la guerra de Cuba, en la estación ferroviaria, se sentaban en las traviesas y no dejaban salir al tren». El escritor catalán –por cierto de los que han mostrado su rechazo al referéndum ilegal– se refería a las madres de los soldados que, por carecer de recursos, no podían pagar el precio (la cuota) que los eximiera de ir a la guerra a cambio de un destino menos peligroso.

Efectivamente, porque la vida no admitía un precio resultaba socialmente repugnante que la vida de los económicamente pudientes (los denominados soldados de cuota) se salvaguardara de guerra de África mientras que los soldados sin recursos eran enviados a combatir a Abd el-Krim hasta derrotarlo.

* Profesor titular de Economía y director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, e investigador asociado Universidad Autónoma de Chile

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