Las fechas del contrato «invitan a pensar» que se empezó a trabajar sin tramitarse

Podemos considera «aún más grave» el caso de la campaña del 4D del Parlamento andaluz tras analizar el expediente de contratación de la empresa en la que trabaja el sobrino del presidente

En su primer discurso como presidente del Parlamento, abril de 2015, Juan Pablo Durán señaló que cree «honestamente» que todos los ciudadanos esperan de los 109 diputados andaluces «altura de miras, honradez y trabajo». La contratación para una campaña de comunicación, como poco, pone de relieve sus palabras. Tras analizar el expediente de contratación de la campaña en redes, con motivo del 4D, encargada por el Parlamento de Andalucía a una empresa de Madrid en la que trabaja el sobrino del presidente del Parlamento, Podemos Andalucía considera «que este caso toma un cariz aún más grave». El expediente, de tres únicos folios, deja al descubierto que la campaña tiene un precio de 16.996,87 euros, 2.996,87 euros más de la cifra aportada por Presidencia días atrás, denunció la formación morada ayer.

Además, en comparación con otros expedientes similares, «no aparece la retención del crédito». Tampoco hay ningún documento firmado por el personal administrativo de la Cámara que haya participado en el procedimiento para acreditar que cumple con la normativa de contratación pública. Por otro lado, las fechas de la memoria justificativa, «invitan a pensar que la empresa empezó a hacer el vídeo sin que se hubiera tramitado el contrato».

Para Podemos, «queda de relieve que las explicaciones dadas por el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, no sólo son insuficientes, sino que generan serias sospechas por la falta de cumplimiento de la legalidad, que invitan a pensar que debiera llevarse a cabo por esta institución una auditoría para comprobar que no existen menoscabos legales por dicha contratación».

En particular, a Podemos Andalucía le preocupa «que se haya incumplido el Artículo 60. Prohibiciones de contratar, del texto refundido de la Ley de Contratación Pública», donde se especifica en el punto 1, apartado g: «La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero». También le preocupa que «se ha incumplido la Ley de Contratación Pública en su artículo 138. Proceso de Adjudicación», que especifica, tras la modificación en vigor del pasado 3 de marzo de año, que en los contratos de servicios de suministros «no se puede superar en ningún momento los 15.000 euros IVA incluido, y el contrato efectuado por el presidente del Parlamento se acercaría a los 18.000 euros». Además, prevé que se ha de contar previamente con un presupuesto, y que sin perjuicio de lo establecido en la norma, es recomendable contar al menos con tres ofertas de empresas capaces de cumplir los mismos.

Durán llevó el pasado martes a la Mesa del Parlamento el contrato a dedo a una empresa en la que trabaja su sobrino para hacer una campaña sobre el orgullo andaluz en redes sociales en el marco de las celebraciones del 4D. La memoria justificativa se firmó el 22 de noviembre. La campaña arrancó en Instagram ese mismo día y en el resto de redes el 23, de lo que se infiere que estaba preparada de antemano y sin contrato previo. Durán ya señaló que no consideró «relevante» que su sobrino trabaje en la empresa en cuestión y que hasta hace poco era un becario. Durán argumentó que el contrato no salió a concurso porque no les dio tiempo al no prever la campaña por el 4D al estar muy ocupados con el 35 aniversario del Parlamento. El ex becario y presunto protagonista de un caso de nepotismo se dedicó en la jornada en la que se conoció el caso a pedir el despido de los periodistas que informaron al respecto. Podemos solicitó el contrato, a lo que IU y PP se sumaron. Populares y podemitas han exigido la dimisión del presidente del Parlamento. El PP también ha pedido que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos del Parlamento tras el «error» de Durán. IU cuestionó por el criterio para elegir a una empresa madrileña para la campaña del orgullo andaluz. El PSOE defiende que Durán ha dado «todas las explicaciones» y ofrecido «toda la documentación» sobre la campaña del 4D.