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Los peritos del Estado ratifican en el «caso ERE» la «ilegalidad» de las transferencias financieras

Los expertos propuestos por las defensas confirman también sus dictámenes contrarios

  • Vista de la sala del juicio de la rama política del “caso ERE” que ayer entraba en la fase pericial (Foto: Efe)
    Vista de la sala del juicio de la rama política del “caso ERE” que ayer entraba en la fase pericial (Foto: Efe)
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

12 de septiembre de 2018. 11:26h

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N. A. / Agencias.  Sevilla. 12/9/2018

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Había cierta expectación con el inicio ayer de la fase centrada en la prueba pericial en el ámbito del «caso ERE» en el que están encausados 22 ex cargos de la Junta, entre los que figuran los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque no era difícil imaginar que la jornada sería una hemorragia de palabras, ya que la fórmula establecida por el tribunal enjuiciador para afrontarla pasa por que los nueve peritos de abultados currículums participantes estén presentes en la Sala y puedan intervenir cuando discrepen entre sí. Como tampoco lo era predecir que sucedería lo que pasó: los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ratificaron que las transferencias de financiación se usaron «indebidamente» para pagar las ayudas públicas ahora bajo sospecha, afirmación que no comparten los expertos propuestos por las defensas, que también confirmaron sus dictámenes. En concreto Ángel Turrión, el jefe del equipo de la IGAE que ha emitido «275 informes con 3.899 páginas y 22.855 anexos» que afectaban a «270 beneficiarios» de los fondos públicos repartidos por el Gobierno andaluz durante casi una década, llegó a aseverar, según transmitieron fuentes del caso a este periódico, que las mencionadas transferencias se usaron «por qué no decirlo», y sin pompa, «ilegalmente».

Las marcadas diferencias de criterio entre los expertos llegados a la vista a petición de las distintas partes implicadas en el juicio se evidenciaron desde la primera pregunta que realizó la Fiscalía, a la luz de lo relatado por las fuentes consultadas, y se produjeron a cuenta de conceptos como la clasificación económica de un crédito. Según los peritos de la IGAE ésta determina a qué debe destinarse y las transferencias de financiación a la agencia IDEA, ente que pagó las subvenciones presuntamente irregulares que se concedían en la consejería de Empleo, se emplearon «en contra de lo que dice la ley». Sin embargo, Juan Zornoza, coautor de un informe encargado por la defensa del ex presidente Griñán le replicó que la mencionada clasificación lo que indica es «la naturaleza económica del gasto» y no necesariamente «su finalidad». Es más, sostuvo que en lo que atañe al «macroproceso» de los ERE sólo distinguía entre las transferencias de capital y las corrientes y no marcaban ni el destino «ni la cuantía».

Hubo un momento de alto voltaje entre Turrión y el catedrático Derecho Financiero y Tributario Miguel Ángel Martínez. El primero mantuvo que la Dirección General de Presupuestos de la Junta no es como un «buzón de correos», sino que en ella recaen competencias en la elaboración del anteproyecto de las cuentas ligado a la Consejería de Economía y Hacienda. Al segundo no le gustó el ejemplo que calificó de «simple», adjetivo que el perito estatal cambió por «didáctico» y anotó que la dirección en cuestión exigió a IDEA imputar al presupuesto de explotación unos gastos que «no se iban a producir» y que introdujera en el de ingresos las transferencias de financiación para equilibrar.

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