Núñez excluye a Guerrero de una pieza de los ERE

Lo saca «de oficio» en el bloque en el que se investigaba una ayuda dada a un restaurante sevillano

La jueza María Núñez ha excluido «de oficio y como cuestión de orden público» al ex director de Trabajo Javier Guerrero de la pieza separada que investiga la ayuda de 1,3 millones dada por la Junta para el ERE del restaurante sevillano Río Grande, en el que se incluyeron «intrusos».

En un auto del 21 de noviembre, la instructora repite los argumentos por los que desde hace meses tanto ella como la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla está archivando piezas separadas del caso ERE respecto de ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados en la pieza política del caso sobre el llamado procedimiento específico creado para dar estas ayudas.

Lo curioso de este caso, según recogió Efe, es que excluye a Guerrero, uno de los principales acusados de la «macrocausa» por ser quien concedía las ayudas –y que se enfrenta en la pieza política a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación–, sin que lo haya pedido su defensa sino «de oficio».

Apela, como en el resto de los casos, al principio «non bis in ídem» –que han esgrimido con éxito las defensas– según el cual no se puede juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, al entender que en la pieza política Guerrero y los otros 20 ex altos cargos de la Junta acusados están siendo juzgados no sólo por el diseño del sistema para dar las ayudas sino por la concesión y pago de las 270 ayudas otorgadas con ese sistema durante diez años.

Una visión que no comparte la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía, que recurren –de momento sin éxito– cada una de las exclusiones que dicta Núñez y la Sección Séptima de la Audiencia.

En el caso del ERE del restaurante Río grande del 2005, subvencionado con 1,3 millones de euros por la Junta, constan «indiciariamente, dos personas indebidamente incluidas»”.

Se trata de la ya fallecida María José de la Rosa, que fue contratada tres meses antes de cumplir la edad de jubilación, y ya jubilada cuando se solicita el ERE, y Carmen Fontela, que nunca había sido trabajadora de la empresa.

En otro auto de la misma fecha, la magistrada Núñez rechaza archivar esta causa con respecto al ex directivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín como solicitaba su defensa, al considerar que en este momento de la instrucción resulta «prematuro» pues ve necesario oír la declaración de un testigo y pide a la Dirección General de Seguros un informe específico sobre las personas que intervinieron en la tramitación de las pólizas del ERE de Río Grande.